“Como ciudadanos alarmados por el desmantelamiento de los servicios públicos, la corrupción generalizada, y el trato de favor a banqueros y empresarios, les exigimos que respeten nuestro derecho a expresarnos libremente y de forma pacífica, y retiren inmediatamente el anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana. La imposición de multas astronómicas a ciudadanos que solo quieren defender sus derechos e intereses legítimos, equivale a criminalizar el ejercicio de nuestras libertades. Es hora de que castiguen a corruptos y defraudadores, y gobiernen en beneficio de la ciudadanía”.  

Este es el texto que una campaña solidaria, promovida por Avaaz, presenta a nuestro gobierno contra la Ley Mordaza, para que recapacite y se replantee la entrada en vigor de una ley que se elabora en contra de la libertad de expresión.  

Nadie podría pensar que, después de treinta y cinco años de ejercicio democrático en este país, que tanto presumió de una transición modélica, podría ver la luz una agresión tan vergonzosa contra los cimientos del ejercicio democrático. Esta ley desenmascara en el ejecutivo unas voluntades tan torvas de cercenar la libertad que se pueden calificar de escandalosas y nos muestran la cara real de las intenciones que presiden la acción de gobierno de Rajoy y su gabinete.  

Ejemplos significativos de la nueva reglamentación, considerados como infracciones muy graves, sancionan con multas entre 30.001 y 600.000 euros a quienes convoquen o asistan a manifestaciones con finalidad coactiva, que queda a criterio subjetivo la calificación de la misma; reuniones o concentraciones en lugares que tengan consideración de infrestructura crítica, que habrá que saber quien lo determina, aunque no se produzcan hechos violentos; poniéndolos al mismo nivel del uso de dispositivos láser contra pilotos o conductores de otros medios de transporte públicos o a la fabricación, comercio y tenencia ilegal de armas y explosivos no catalogados.  

Entre 1.001 a 30.000 a las graves, entre estas participar en concentraciones no comunicadas ante instituciones del estado, aunque no tengan actividad; criticar a las fuerzas de seguridad en una manifestación, hagan lo que hagan, o dañar el material urbano, que puede ser fijar una pegatina; situándolas al mismo nivel que la tenencia ilegal de armas reglamentarias o el ejercicio de la prostitución.  

Todo esto no es de extrañar. Una vez que el tétrico Wert, haya concluido con la aprobación de la injusta y partidista LOMCE, tras sus agresiones contra el derecho a la educación de las clases populares; ahora Fernández Díaz aparece como el próximo provocador. Empezó con la eliminación de los cargos policiales que no cumplieron a rajatabla con sus consignas, como hizo con los comisarios José García Losada, Enrique Rodríguez Ulla o José Santiago Sánchez, por haber informado a los jueces sin el previo conocimiento del ministro. Por medio estaba el tema Gürtel o la investigación sobre el ático de lujo propiedad de Ignacio González, presidente de la Comunidad de Madrid.

¿Pero qué se espera de un ministro que dice que las concertinas solo provocan lesiones leves?

Como decía un viejo dibujo animado: no se vayan todavía, aún hay más. Para hechos ejemplarizantes los del ministro Montoro ¿O acaso no lo es que se cese a una inspectora de hacienda y al jefe de la División, Ignacio Ucelay, por negarse a rebajar la multa de 450 millones de euros a prácticamente nada a la cementera Cemex ? ¿No lo refrenda la dimisión de Luis Jones director del departamento de Inspección de la Agencia Tributaria? ¡Qué les voy a contar del Sr. Burns (Montoro)! Luego esperarán que nos creamos eso de que hacienda somos todos. Sí: Unos para pagar y otros para irse de rositas.


Manuel García Mata