La alcaldesa de Rota, Eva Corrales, y el ex alcalde y primer teniente de alcalde, Lorenzo Sánchez Alonso, acudieron ayer a los juzgados de Rota para declarar como imputados por el caso que la Fiscalia Anticorrupción denunció a raíz de la pista que les ofreció el grupo local de Izquierda Unida sobre el desorbitado número de horas extras que se estarían pagando a un funcionario del Ayuntamiento y que podrían incurrir en un presunto delito de prevaricación continuada.

Aunque por parte de Izquierda Unida, que fue la que comunicó a la prensa el pasado mes de abril la que es la tarcera imputación para Corrales y la cuarta para Sánchez Alonso, en esta ocasión no han querido hacer ningún tipo de declaración asegurando que todo está en manos de la Fiscalía y que ellos se limitaron a poner una denuncia y esperarán al final del proceso judicial para pronunciarse en caso de que sea necesario.

Ambos dirigentes locales acudieron al Juzgado de Instrucción número 2 de Rota donde prestaron declaración en la mañana del jueves, el miércoles lo hicieron funcionarios municipales también imputados en este caso, en el que se denuncia la incompatibilidad de que a un trabajador del Ayuntamiento se le esté pagando en horas extras un trabajo que hacía al margen de su condición de funcionario. El hecho podría incurrir un delito de prevaricación al saltarse la ley de contratos públicos y el régimen de incompatibilidades.

Según aquella denuncia de la que informaba Izquierda Unida, la media de horas extras realizadas y pagadas al funcionario en cuestión, también imputado, era de unas 70 mensuales desde 2007 a 2010, -lo que llevaba a cobrar unos 2.500 euros más de sueldo- aunque hay meses en los que destaca el cumplimiento de 270 horas extras, 213, incluso hasta 349 horas fuera de horario habitual en un mes, lo que supondría una media de trabajo de 13 horas diarias.  Este hecho fue el que levantó todas las sospechas de Izquierda Unida sobre todo cuando se dan cuenta de que incluso en meses en los que el funcionario en cuestión estaba de vacaciones, aparecía en el cuadrante desarrollando estas horas de más. Según este grupo, con esa información, acudieron a la oficina municipal en la que trabaja este funcionario y preguntan a sus compañeros que responden, "que tales horas extras no se estaban haciendo".
La realidad es que el funcionario se encargada de confeccionar y bordar  en su taller prendas requeridas por el Ayuntamiento y a este se le pagaba a través de horas extras como funcionario.

Ante estos y otros hechos judiciales que afectan a cabezas de lista del PP en Cádiz, el PSOE provincial no ha querido quedarse callado y ha mostrado su preocupación por el "desfile por los juzgados de Cádiz y Rota de altos cargos del PP como la propia alcaldesa de Rota, Eva Corrales, imputada por prevaricación tras la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción, así como del teniente de alcaldesa, Ignacio Romaní y el director general de la Zona Franca, José Manuel Fedriani, que tienen que declarar ayer como imputados por el caso Quality Food y a los que se suma en calidad de testigo, Jorge Moreno, mano derecha de la alcaldesa de Cádiz y presidenta del Consorcio, Teófila Martínez".

Para la secretaria de Organización del PSOE, Isabel Armario, "tanto en un caso como en otro se pone de manifiesto la forma de gobernar que tiene el PP, haciendo y deshaciendo a su antojo, utilizando el dinero público para pagar sobresueldos como los que parece que se le pagó a un funcionario del Ayuntamiento de Rota incumpliendo el régimen de incompatibilidades, o en el caso Quality Food permitiendo que una nefasta gestión y posterior venta de la empresa de alimentación causara un agujero de 30 millones de euros en las arcas del Consorcio público”, subraya Armario.

La socialista reclama al presidente del PP andaluza, Antonio Sanz  “un ejercicio de coherencia política con el código ético que dicen tener y empiece por evitar que concurran a las próximas elecciones municipales la alcaldesa de Rota, Eva Corrales, el teniente de alcaldesa, Ignacio Romaní y todos los imputados que tienen en sus filas como el alcalde de San José del Valle y diputado provincial, Antonio Sanz".