¿HASTA QUÉ PUNTO HAY AUTONOMÍA?

 

 
La mayoría de los ingresos, el ochenta por ciento de ellos, de las comunidades autónomas vienen condicionados por las decisiones derivadas de los presupuestos generales del Estado. Con otras palabras, dependemos de los ingresos del Estado para configurar nuestro propio presupuesto.

El margen de maniobra para generar ingresos que tienen las comunidades autónomas es muy escaso. Se reduce a los ingresos por tributos propios (que no tienen gran alcance) y a los ingresos derivados de la gestión de su patrimonio.

Desde Andalucía y otras comunidades autónomas se viene pidiendo al Estado un régimen de financiación más acorde con la realidad y con las necesidades. Porque, en la práctica, no todas las comunidades autónomas reciben las mismas cantidades. Sobre todo porque no se tiene en cuenta la financiación por habitante. Y es este parámetro, la financiación por habitante, el principal para que la distribución de los fondos sea equitativa y garantizar así la igualdad entre todos los españoles.

Las comunidades autónomas no tienen otra forma de financiarse como no sea a través del Estado. No tienen acceso al crédito financiero, ya que los bancos tienen cerrado “el grifo” a las administraciones públicas en general y, en particular, a las Comunidades Autónomas. A éstas sólo les queda recurrir al Fondo de Liquidez Autonómica, el denominado FLA.
Este fondo lo reparte el Gobierno central según su propio criterio. No se estudia las necesidades de cada uno. Depende de la voluntad del gobierno el que Andalucía reciba “préstamos” a través del FLA. Y la voluntad para con nuestra tierra no siempre es demasiado generosa. Así, Valencia y Cataluña recibieron durante el 2012 y 2013 una cantidad de mil trescientos euros por habitante, la primera, y casi dos mil euros por habitante Cataluña. Mientras que a nuestra autonomía le prestaron por valor de poco más de seiscientos euros por habitantes durante esos dos años.

No hace falta pensar mal para darse cuenta que en la Comunidad Autónoma de Valencia gobierna el PP, mientras que en Cataluña tratan de acallar sus ansias independentistas con una mayor financiación. En Andalucía parece que todavía le escuece al PP que el pacto PSOE- Izquierda Unida le haya dejado fuera del Gobierno de la Junta de Andalucía. Sólo lo parece. A mí me lo parece.

Las Comunidades Autónomas no se han visto favorecidas por las medidas y subidas impositivas que ha venido aplicando el Gobierno central del PP, como son el IVA y el IRPF. El Estado ha aumentado sus ingresos y no los ha compartido con las Comunidades Autónomas.
La otra “pata” del presupuesto la representa los gastos. Los gastos, lógicamente, vienen condicionados por los ingresos que se tengan. Pero también viene condicionada por otros factores, como son las estructuras consolidadas, las decisiones políticas y las limitaciones materiales.

Así, un cambio en los presupuestos, reflejo de un cambio en la política que
supone romper en mayor o menor grado con los compromisos, plantea el problema de qué hacer con las estructuras preexistentes. Es decir, la decisión política que se adopte ante un presupuesto no consiste sólo en qué de nuevo se hace sino también qué de lo viejo se deja de hacer. Y ese debate no es fácil precisamente entre un gobierno como el andaluz sustentado por dos partidos políticos que han tenido trayectorias diferentes. El PSOE siempre ha gobernado en Andalucía, mientras que Izquierda Unida debe adaptarse a la “cultura de gobierno”.
El nuevo presupuesto para el año 2014 viene condicionado  por la modificación del artículo 135 de la Constitución ( pactado por PSOE y PP) y que se traduce en la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Esta modificación de la Constitución contiene dos limitaciones de hierro: la prioridad absoluta de los pagos de la deuda ( que cada año son mayores) y el famoso “techo de gastos” que limita el crecimiento del gasto no financiero en función de las estimaciones del Producto Interior Bruto que hace el Gobierno Central.

Si añadimos que los ingresos tanto del Gobierno central como los Fondos Europeos están recortados, nos encontramos ante unos presupuestos que poco o nada van a avanzar en políticas sociales, aunque la demanda ciudadana haya aumentado en el último año como consecuencia de la crisis. El modelo de financiación aprobado por el Gobierno Zapatero para resolver la cuestión catalana tuvo un “fallo” por exceso de optimismo. Ahora se está pagando ese fallo ya que adelantó más dinero del que correspondía y ahora hay que devolverlo.
El gobierno andaluz tendrá pues que hacer un análisis minucioso de todas las partidas de gasto con el fin de optimizar los contratos de bienes y servicios y desarrollar una política basada en mejorar la gestión.

El análisis presupuestario comunitario se puede extrapolar a las entidades locales. Los presupuestos municipales van a estar igual de condicionados por los mismos factores. La diferencia entre la aplicación de estas exigencias legales son las que destacarán unos presupuestos conservadores de unos de carácter progresista. En unos prevalecerá el concepto recortes y en el otro el concepto ahorro. Pero de los presupuestos municipales ya tendremos tiempo de comentar en más ocasiones.
Salud.