POR SI HABÍA ALGUNA DUDA



 
 
El Consejo de Ministros instó al Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a que interpusiera un recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto-Ley andaluz para asegurar la función social de la vivienda. Y, efectivamente, éste lo llevó a cabo. El Tribunal Constitucional admitió a trámite el recurso el pasado día once de julio.

Ahora el Tribunal Constitucional dispone de un mínimo de cinco meses para pronunciarse sobre el caso. Las familias que se han visto beneficiadas por el Decreto-Ley de la Junta de Andalucía ahora han visto evaporarse su tranquilidad de seguir viviendo en sus hogares, de los que fueron en principio desahuciadas, por el recurso interpuesto del Partido Popular.
El Decreto- Ley para asegurar el cumplimento de la función social de la vivienda puso en estado de alerta, desde sus comienzos, a los defensores del neoliberalismo económico. Por supuesto, también al PP, como no podía ser de otra manera. Pero, no tuvieron (o no encontraron razones para votar en contra) el valor de posicionarse ni a favor ni en contra, y la sucursal andaluza del Partido Popular se abstuvo en su trámite parlamentario.
¿Qué determinación tomará ahora el señor Zoido y su séquito? ¿ Defenderá la norma andaluza o los dictados neoliberales que le marcarán los suyos desde Madrid?

La nueva normativa aprobada en el Parlamento andaluz encendieron todas las luces de alarma en el sistema neoliberal. Más aún si cabe, cuando otras comunidades autónomas españolas decidieron seguir el ejemplo andaluz, como es el caso de la Comunidad Foral de Navarra.
Dentro de los resquicios que el sistema neoliberal deja, inevitablemente abiertos, la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía encontró una vía para, sin salirse de los cauces constitucionales, introducir una norma más justa que resolviese algunos ( que no todos) de los casos de desahucios que se producen a diario en nuestra tierra.

El artículo 33  de nuestra Constitución consagra la “función social” del derecho de propiedad. Así, las administraciones públicas realizan expropiaciones  para construir metros, autopistas, carreteras, colegios, hospitales y hasta campos de golf. Y es que el derecho a la propiedad, recogido en la Constitución, está supeditado al interés general. Así que, había que aprobar una norma en la que se recogiese que el derecho a la vivienda es un interés general. Había que transformar el derecho constitucional de la vivienda y darle una función social. La vivienda es un derecho pero tiene, además una función social. Y esto puso la voz de alarma a la banca. Porque, el objetivo del decreto-ley es exactamente ese, que no haya casas sin gente ni gente sin casas.

Hasta ahora, el Gobierno de la Nación con la excusa de la crisis y el axioma de que “no hay otra solución” ha venido practicando recortes en educación, en sanidad, en derechos sociales...; ha subido impuestos, ha impuesto una reforma laboral que retrasa los logros laborales conseguidos a los años cincuenta del siglo pasado, ha recortado el salario de los funcionarios, ha adelgazado el personal de la administración pública, ha congelado las pensiones, ha impuesto tasas en la relación ciudadana con la Justicia... En cambio, ha allanado el camino a la banca para que ésta se sanee y salga del pozo donde el estallido de la burbuja financiera la ha instalado. Burbuja financiera provocada por la propia banca, dicho sea de paso.

El decreto-ley de la Junta de Andalucía en defensa de la función social de la vivienda no atenta contra ningún recorte, ni supone un coste mayor. ¿No atenta he dicho? ¡Pues  claro que atenta! La banca no consiente, bajo ningún concepto, que una comunidad autónoma, socave los cimientos que la sustenta. ¿Cómo se puede permitir que un gobierno autónomo tome la iniciativa de expropiar propiedades a la propia banca? Aunque, esas expropiaciones sean temporales (durante tres años), el sistema no puede permitir estas medidas. Porque, supongo que se plantearán, comienzan por expropiar por tres años las viviendas de los bancos y terminan por pedir que sea la banca la que pague la crisis ella sola. Y eso que la banca es la culpable en toda esta historia.

Así que, por si cabía alguna duda, el Partido Popular con su recurso ante el Constitucional contra la norma andaluza antepone la defensa de la banca a la defensa de los ciudadanos. Ya nos habíamos dado cuenta, pero en este caso se confirma.

El Partido Popular camufla su petición de inconstitucionalidad en que el decreto-ley de la Junta discrimina el derecho a la vivienda, convirtiéndolo en función social, al resto del Estado. Es decir, sólo en Andalucía se puede contemplar esta función social. Pero, ¿por qué no hacerlo extensivo a todo el país mediante una reforma de la Constitución? Ahí radica el verdadero peligro que representa esta norma. Por otra parte, ¿puede el Gobierno de la Nación inmiscuirse en competencias propias de nuestra Comunidad Autónoma?

Están claras las diferencias ideológicas. Está claro lo que defiende ellos y lo que defendemos nosotros. Por si había alguna duda.