Tras la aprobación el pasado 28 de junio por parte del Consejo de Ministros de interponer un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto ley de la Junta de Andalucía, de 9 de abril, de medidas para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda, el grupo municipal de Izquierda Unida de Rota ha presentado una propuesta para que desde el Ayuntamiento roteño, la Corporación municipal se muestre en contra de este recurso.

Según IU,  el decreto ley para asegurar la función social de la vivienda es plenamente constitucional, ya que el artículo 33 de la Constitución Española consagra la “función social” del derecho de propiedad y eso, aseguran, es "exactamente" el objetivo del decreto ley, "que no haya casas sin gente ni gente sin casas", a la vez que se busca la protección de familias o personas que se encuentran con una orden de desahucio y estén dentro de los requisitos establecidos.

Aún así, indican desde este grupo municipal en su propuesta, el Consejo de Ministros del pasado 28 de junio de 2013, ha aprobado un acuerdo por el que se solicita al presidente del Gobierno central la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 1, por el que se da nueva redacción a los artículos 1.3, 25 y 53.1.a) de la Ley 1/2010, de 8 de marzo, reguladora del derecho a la vivienda en Andalucía; y la Disposición adicional segunda del Decreto-Ley de la Junta de Andalucía 6/2013, de 9 de abril, de medidas para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda..

Para IU, el Gobierno central anuncia un recurso "sin clarificar cuáles son los aspectos objeto del mismo ni las causas en qué se sustenta". La alusión a que el decreto ley afecta al contenido esencial del derecho a la propiedad privada es para los izquierdistas "falsaria y tramposa" asegurando que las administraciones públicas "realizan expropiaciones cada día para construir metros, autopistas, carreteras, colegios, hospitales y hasta campos de golf, invocando para ello el interés general, sin que medie protesta alguna del Consejo de Ministros".

Según se recoge en la propuesta de Izquierda Unida que pretende que cuente con la unanimidad de toda la Corporación municipal roteña, lo que el Consejo de Ministros está defendiendo no es el derecho a la propiedad, "sino los intereses de las entidades financieras, en este caso, a costa de una violenta intromisión en la soberanía andaluza y poniéndose enfrente de la mayoría social y las familias y personas que están ya con una orden de desahucio ejecutada por la entidad financiera".

Por todo ello, y pese a que el decreto ley fue convalidado sin ningún voto en contra en el Parlamento de Andalucía, donde continúa su tramitación parlamentaria como proyecto de ley, el grupo municipal compuesto por Antonio Franco y Manuel Helices, solicitará al resto de partidos de la Corporación que se inste al Parlamento Andaluz y al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a que continúe en la defensa del derecho humano a la vivienda y la soberanía del pueblo andaluz recogida tanto en el Estatuto de Autonomía como en la Constitución Española. En segundo lugar, la  moción recoge que se manifieste el rechazo al acuerdo del Consejo de Ministros del 28 de junio de 2013, por el que se solicita al presidente del Gobierno la interposición de un Recurso de Inconstitucionalidad contra el artículo 1 por el que se da nueva redacción a los artículos 1.3, 25 y 53.1.a, de la Ley 1/2010 de 8 de marzo reguladora del derecho a al vivienda en Andalucía. Así como a la disposición adicional segunda del Decreto-Ley 6/2013 de 9 de abril que protege a familias que están en riesgo de sufrir un desahucio.

El tercer punto de la propuesta si saliera aprobada, instaría al presidente del Gobierno a que se abstenga de presentar dicho recurso ya que consideran que no están justificadas las consideraciones de inconstitucionalidad esgrimidas por el Consejo de Ministros, considerando el decreto ley una medida para asegurar la función social de la vivienda plenamente constitucional. Y por último, que de lo acordado, se dé traslado al Consejo de Ministros, a la Mesa del Parlamento Andaluz y al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía.

Izquierda Unida defiende que con este decreto ley, la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía ha dado respuesta a la vulneración sistemática del derecho humano a la vivienda que está teniendo lugar en Andalucía, denunciado incluso por la ONU y a la falta de medidas legales reales aprobadas por la mayoría parlamentaria del Congreso de los Diputados para paralizar los desahucios de la vivienda habitual y permanente. Por ello, confía en el voto positivo del resto de compañeros de Corporación en el Ayuntamiento roteño.