Desde el año 2011, el Ayuntamiento de Rota mantiene un acuerdo de colaboración con la Junta de Andalucía a través del cual se ponen en marcha medidas que ayudan a la "reeducación" de menores infractores de la localidad. En el día de ayer, este acuerdo volvió a renovarse con la presencia del subdelegado del Gobierno en Cádiz, Fernando López Gil, que junto a la alcaldesa roteña, Eva Corrales, formalizaron seguir con este trabajo conjunto en un acto que se desarrolló en el Palacio Municipal Castillo de Luna.

Aplicar medidas judiciales de régimen abierto fijadas por los juzgados para los menores infractores es el objetivo de este convenio que permite que se lleven a cabo prestaciones en beneficio de la comunidad, tareas socioeducativas y actividades reparadoras a favor de la sociedad en los municipios donde residen. Son principalmente trabajos que se desarrollan en los ámbitos de la seguridad vial, la atención a personas mayores o discapacitadas y la limpieza de parques y jardines.

Con la firma de este acuerdo, ambas partes, es decir, Junta y Ayuntamiento se comprometen al desarrollo de medidas que contribuyan a la resocialización del joven que haya cometido una infracción permitiéndosele además que las tareas que se les asignen puedan estar relacionadas con su entorno social y territorial para facilitar esa inserción.

La tarea socioeducativa incluye la realización de alguna actividad de contenido educativo, destinada igualmente al desarrollo del menor. Por su parte, las reparaciones en favor de la sociedad derivan del proceso de conciliación y se traducen, por lo general, en actividades análogas o similares a las prestaciones en beneficio de la comunidad. Estas actividades no son retribuidas y bajo ninguna condición podrán atentar a la dignidad del menor, comportando además un contenido educativo y resocializador orientado a su desarrollo integral.
 
El convenio firmado por el Ayuntamiento de Rota y la Junta de Andalucía no comporta ninguna contraprestación económica, ya que la única finalidad es la de la colaboración institucional para la educación y reinserción social de los menores infractores, mediante una intervención en su entorno que contribuya a la prevención de conductas de riesgo.

Hay que recordar que en lo que va de 2013, Rota ha atendido 9 casos de este tipo, mientras que en 2011 se ejecutaron hasta 40 medidas de este tipo.

Ambos representantes institucionales mostraron ayer su predisposición a seguir colaboranndo en esta materia para beneficiar a aquellos menores que por circunstancias de la vida han cometido un error y pueden enmendarlo dándoseles una segunda oportunidad que pueden conseguir con este tipo de servicios a la comunidad. En este caso, el Ayuntamiento es el que diseña esas medidas a las que pueden acogerse los menores a los que se les dé esta oportunidad por parte del juez.

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 En Chipiona llegaron a 19 en 2012 y este año suman 6 hasta ahora.