ARTÍCULO CUARENTA Y SIETE



 
  

La Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía ha impulsado un Decreto-Ley la pasada semana en defensa de la función social de la vivienda. Las mentes más retrogradas y sus correspondientes intereses económicos han lanzado la voz de alarma. Con la Banca hemos topado, Elena. La derecha gobernante ha empezado a buscar adjetivos para calificar la medida. Les ha pillado en fuera de juego.
Y lo único que se ha hecho por parte de la Consejería que dirige la izquierdista Elena Cortés es aplicar la Constitución.

Efectivamente, el artículo 47 de nuestra Carta Magna expresa: “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”.

El artículo 47, ¿cuándo se ha cumplido en su plenitud? La vivienda debe cumplir una función social y no una función especulativa. Las estafas perpetradas por los capitalistas han provocado cerca de cuatrocientos mil desahucios desde el año 2007. Y la situación, lejos de mejorar, empeora.

La ciudadanía se ha organizado en Plataformas Contra los Desahucios y ha recogido firmas para que el Congreso de los Diputados debata una Iniciativa Legislativa Popular que contemple la dación en pago en los casos de desahucios.

Es complicado, en medio de un entorno que se manifiesta claramente a favor de los mercados en detrimento de la ciudadanía, hallar los resquicios legales para llevar a cabo un Decreto-Ley como este.

El susodicho Decreto supone  dar un giro total a los problemas de los desahucios. Consagra la vivienda como un derecho protegido. La vivienda deja de ser considerada una mera mercancía. De la vivienda como mercancía se pasa, pues, a la vivienda como derecho.
Pretende dar una respuesta contundente a una situación de evidente emergencia social. Se trata de defender el interés general (como dice el artículo 47 de la Constitución) frente a los intereses particulares de la Banca y las grandes empresas, que, por otra parte, son los directamente culpables de la crisis. Los ciudadanos que la sufrimos somos simplemente víctimas de ésta.

Evidentemente algo hay que hacer. Si los ciudadanos que han perdido su empleo, no pueden pagar la hipoteca de sus viviendas y se ven sin trabajo y sin vivienda de la noche a la mañana, algo tendrán que hacer. Lo anormal sería no hacer nada y esperar que la caridad te mantenga hasta que llegue tiempos mejores. Si a estas situaciones añadimos las noticias de enriquecimientos ilícitos, capitales que se alojan en paraísos fiscales por parte de algunos “buenos patriotas”, engaños por aquí y por allá…es normal que la ciudadanía se indigne y ponga en ciertos apuros la denominada paz social. Porque, ¿usted que haría?

La vivienda es un derecho humano (como se expresa en el artículo 47 de la Constitución) y las administraciones públicas deben hacer efectiva su regulación. Una vivienda vacía es el mayor exponente del uso antisocial de la propiedad privada. No es posible ni decente que un país que permite el despojo masivo de viviendas no impulse medidas para que las viviendas deshabitadas de los bancos no puedan disponerse para el alquiler.

Además, para evitar la alarma al grito de “cuidado que vienen los rojos”, el Decreto- Ley es plenamente garantista, ya que garantiza la seguridad jurídica y deja fuera a las residencias secundarias, las residencias de recreo y las viviendas reguladas por la legislación turística. Se trata sólo de que aquellas grandes empresas inmobiliarias y los bancos que tengan en sus activos viviendas cerradas las ponga en régimen de alquiler, se les expropie temporalmente por un período de tres años o paguen una sanción por tenerlas vacías. En decreto ley no comporta, por tanto, en ningún caso sanciones a personas físicas por tener viviendas vacías.

No sólo el artículo 47 de nuestra Constitución “avala” el derecho a la vivienda, también el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Hasta una Sentencia del Tribunal de Luxemburgo evidenció, hace unas semanas, que en España se ha violado el derecho a la vivienda y el derecho a la tutela judicial de los desahuciados durante más de veinte años.

Se trata de avanzar en la dirección que ya han recorrido países con legislaciones que defienden con muchas más garantías que el nuestro el derecho a la vivienda, como son Reino Unido, Francia, Dinamarca y Holanda.

Posiblemente, ante esta medida, habrá que enfrentarse a la Troika mediática, a una derecha incapaz de aceptar que hay otra forma de hacer las cosas, al poder económico que va a ver en este decreto una amenaza real a su política de avaricia y especulación.

¡Qué contraria esta medida a la articulada por el Partido Popular que va en la dirección neoliberal de dejar al criterio de la oferta y la demanda el derecho a la vivienda, con el objeto de volver a construir una burbuja inmobiliaria, pero ahora desde el alquiler!
Salud.