El gato escaldado del agua fría huye. Me ha venido a la mente este refrán y me he hecho la pregunta que da comienzo a esta carta ante las repetidas noticias que desde hace algún tiempo están apareciendo en la prensa sobre informes confeccionados por grupos policiales anónimos, que actúan por propia iniciativa sin orden de un mando superior conocido, que trasladan sus pretendidas investigaciones a medios de comunicación de clara afiliación derechista y no a los jueces o fiscales y que tienen como objetivo no a redes de la delincuencia organizada ni a banqueros ni a empresarios, sino a políticos, especialmente catalanes, a los que atribuye enriquecimiento ilícito y fraude continuado.

¿Vuelve la Brigada Político-Social? A los menores de 50 años el término “Brigada Político-Social” no les recordará gran cosa. La Brigada Político-Social, conocida también como “la secreta” o “la social” era un grupo policial creado en 1941 por la Dictadura para "el control de las materias en la acción política" y la "prevención y represión" de cualesquiera actividades que "obstruyan o desvíen" las "directrices generales del gobierno". Los policías de la secreta no tenían uniforme distintivo ni tenían que identificarse, no eran responsables de su actuación ante ninguna autoridad judicial, actuaban bajo el principio de que todo sospechoso era culpable si no demostraba lo contrario y su mayor virtud en la investigación era la tortura. La Brigada Político-Social fue uno de los pilares que sostuvieron a la dictadura.

Admito que pueda parecer exagerado relacionar el comportamiento de los grupos policiales anónimos autores de los informes con la Brigada Político- Social. Lo acepto, pero ya sabemos “que gato escaldado, de agua fría huye”. Y afirmo que menos todavía creo que el gobierno haya pensado siquiera poner en marcha un sucedáneo descafeinado de aquel monstruoso y cruel engendro de  la Brigada Político-Social para desprestigiar a las autoridades de la Generalidad de Cataluña que pretenden hacer un referendo en el que sólo voten los catalanes para avalar su soberanía o hasta su independencia del resto de España. Pero no suelen faltar en todas las democracias servidores del orden establecido que, teniendo que vivir y actuar en la delgada zona fronteriza donde casi se confunde a veces lo lícito con lo ilícito,  sientan la tentación de no pararse en distingos para conseguir sus objetivos. Basta pensar en el caso de los GAL, durante la lucha contra el terrorismo etarra.

Por mucho que deseemos la unidad de España (y muchísimos la deseamos por convicción y por pragmatismo), no sería ético ni demócrata ni bueno para la sociedad mantener dicha unidad por medios inmorales o violentos. Ni afirmo ni niego que todas las imputaciones que de forma tan anónima como cobarde se están haciendo a algunas figuras políticas de Cataluña sean verdad o mentira. No lo sé, aunque sí sé que toda persona es inocente hasta que no se demuestre lo contrario y que en una democracia nadie puede impartir justicia por su cuenta o sin seguir las normas establecidas, por muy patriota que alguien se sienta.

En una democracia, para todo, incluso para las aspiraciones separatistas, tenemos las leyes y tenemos el diálogo para conseguir acuerdos en la discrepancia. Lo que siempre sobra en democracia es la  “calumnia, que algo queda”, la violencia y el desprecio al disidente. Un proverbio latino ya lo advertía: “sólo hay sociedad, donde se cumple la ley” (Ibi societas ubi ius).

 

Antonio Álvarez Martín