La causa en la que el ex alcalde y actual primer teniente de alcalde, Lorenzo Sánchez Alonso, está imputado por un presunto delito contra la Administración Pública por la venta de ropas de trabajo de su empresa al Ayuntamiento de Rota mientras ostentó la Alcaldía, continúa con nuevas diligencias.

En este caso, es la defensa del ex alcalde, denunciado por el PSOE por presuntas incomptabilidades de su cargo, la que ha solicitado la comparecencia de varios testigos que acudirán este jueves 8 de noviembre al Juzgado de Instrucción número 2 de Rota, que instruye el caso. Los cuatro testigos que acudirán a prestar declaración son miembros del Partido Socialista que durante la legislatura 1999-2003 ostentaron el gobierno en Rota y formaban parte de la Junta Local de Gobierno, órgano que aprueba muchas de las decisiones que toma el gobierno local y época en la que también defiende Lorenzo Sánchez, se hacían compras desde el Ayuntamiento a su empresa.

La defensa de Lorenzo Sánchez Alonso ha llamado a testificar al que fuera alcalde de Rota, el socialista Domingo Sánchez Rizo, y a los concejales Manuel Bravo Acuña, Encarnación Niño Rico y Enrique Almisas Albéndiz, tres de ellos alejados actualmente de la primera línea de la vida política a excepción de Encarnación Niño que continúa como concejal en el Ayuntamiento y portavoz de su grupo. El único de los miembros de la junta de gobierno de esa época que no está llamado a testificar es el concejal Felipe Márquez Mateo, actual concejal en la oposición. Los testigos acudirán al juzgado a partir de las diez de la mañana.

Desde que se formalizara la denuncia por parte del PSOE, admitida a trámite por la jueza de instrucción del Juzgado número 2, han comparecido un total de diez testigos entre cargos políticos y personal relacionado con las empresas del ex alcalde a los que ahora se sumarán estos cuatro, de momento, los únicos solicitados por la defensa del denunciado en lo que va de proceso.

Hay que recordar que según el auto de la jueza, a Lorenzo Sánchez se le imputa un presunto delito contra la Administración Pública que vendría como consecuencia de las compras que como alcalde de Rota realizaba a empresas vinculadas a su persona. Una práctica que podría considerarse ilegal por incurrir en incompatibilidades con el cargo que ostentaba como regidor, según la denuncia del PSOE.