Ante la imputación de la alcaldesa de Rota, Eva Corrales, y del primer teniente de alcalde, Lorenzo Sánchez Alonso, por presuntos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos, el secretario general del PSOE, José Javier Ruiz Arana, ha mostrado su preocupación por los dos asuntos que actualmente están en vías judiciales.

Para el socialista, este es el resultado de las múltiples ocasiones en las que el PSOE ha solicitado al equipo de gobierno del Partido Popular y Roteños Unidos que se les hicieran llegar informes y documentación relacionada con la urbanización del polígono RI 1, donde está planteado el futuro parque empresarial "Villa de Rota", y que jamás consiguieron. Tanto es así, que la oposición, recuerda, tuvo que acudir hasta el Defensor del Pueblo Andaluz para que este intermediara en la solicitud de la documentación que el grupo de la oposición solicitaba. Según José Javier Ruiz, durante todo este tiempo, se ha solicitado en pleno municipal varias veces así como por escrito y ante los medios de comunicación, que el equipo de gobierno "rectificara" ante lo que los socialistas ya veían como "irregularidades" en los convenios que se firmaban y donde, asegura el concejal, "veíamos como se saltaban procedimientos de licitación de obras y adjudicación de subvenciones, y como se estaban realizando con dinero público obras que no eran de competencia municipal".

El PSOE explica que aunque en numerosas ocasiones advirtieron al gobierno local que se "estaban saltando procedimientos", la respuesta que recibieron en su día de la alcaldesa en un pleno municipal, según los socialistas, fue que "si teníamos dudas sobre los procedimientos que se estaban llevando a cabo que fuésemos al juzgado a denunciarlo, y precisamente, eso es lo que hemos hecho, ponerlo en conocimiento de la Fiscalía". De hecho, ante esa denuncia previa del PSOE es por lo que el Fiscal Anticorrupción  inicia la investigación solicitando nuevos informes y documentación que se ha sumado a la ya aportada por el grupo denunciante.

José Javier Ruiz admite que no es plato de buen gusto para nadie verse involucrado en una situación así, de hecho, insiste, "no nos hubiera gustado llegar a este punto pero Lorenzo y Eva  no rectificaban. Al igual que ha ocurrido con el otro tema -refiriéndose a la causa abierta contra Lorenzo Sánchez por presunto delito contra la Administración Pública por la venta de uniformes de trabajo de su empresa al Ayuntamiento-, no hemos ido al juzgado por gusto. Es desagradable para todos, porque esto es un pueblo pequeño, todos nos conocemos, y además se crea malestar entre los compañeros de la Corporación pero como oposición, nos hemos visto obligados porque en este tiempo no se han atendido nuestra peticiones, por eso, la única salida era ponerlo en conocimiento del fiscal", manifiesta el secretario general del PSOE. 

Convencido de que la labor de la oposición debe ser precisamente esa, la de fiscalizar la gestión del equipo de gobierno, "y de hecho es lo que creemos que quieren los ciudadanos de nosotros", Ruiz reconoce que casos de este tipo dan una mala imagen del Ayuntamiento de Rota que no beneficia a nadie, "hubiéramos querido no tener que llegar a Fiscalía".

Para el socialista, el único interés, según ha declarado a Rotaaldia.com, "es que se depuren responsabilidades, no vamos contra nadie, sólo hemos actuado en algo que creemos que se estaba haciendo de forma irregular", insiste el secretario general del PSOE que añade que "si ha habido perjuicio para las arcas municipales, sólo pedimos que se devuelva ese dinero".

Antecedentes de los hechos

Hace unos meses, el grupo socialista en el Ayuntamiento de Rota ponía en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción diversos convenios urbanísticos que el propio Ayuntamiento había formalizado entre los años 2009 y 2010 con una entidad mercantil de la localidad dedicada a la promoción de obras de urbanización y construcción, y que se entendían que vulneraban las leyes y que eran contrarios a los intereses municipales.

Dicha denuncia ha sido objeto de investigación por parte de la Fiscalía contra la Corrupción de Cádiz, dando como resultado una denuncia por parte del Fiscal al ver indicios suficientes de que a la hora de aprobar dichos convenios se ha incurrido en un delito continuado de prevaricación y de malversación de caudales públicos, toda vez que el Ayuntamiento presuntamente ha destinado fondos públicos para realizar obras privadas.

La incoación del proceso en los Juzgados de Rota ha puesto de manifiesto que el juez ha visto indicios de la existencia de los delitos denunciados por el Fiscal Anticorrupción, y ha incoado diligencias previas para el esclarecimiento de los hechos, habiéndose imputado a los denunciados, es decir, a la alcaldesa de Rota y al ex alcalde, actual primer teniente de acalde.