Los hechos se centran en la firma de tres convenio urbanísticos sin los supuestos informes preceptivos "encaminados a beneficiar a la empresa Promociones Castellano"

El próximo 29 de noviembre, la alcaldesa de Rota, Eva Corrales Caballero, el ex alcalde y actual primer teniente de alcalde, Lorenzo Sánchez Alonso, y el promotor Felipe Castellano Moreno en representación de la empresa Promociones Castellano, están llamados a declarar ante el juez acusados de presuntos delitos de prevaricación y malversación.

Los hechos, denunciados por el Fiscal Anticorrupción, tienen que ver con tres convenios urbanísticos firmados entre 2009 y 2010 cuando Lorenzo Sánchez era alcalde y Eva Corrales delegada de Planeamiento, los cuales, según la denuncia del fiscal, iban "encaminados a beneficiar de manera ilícita" a la empresa Promociones Castellano.

Por este motivo, el titular del Juzgado 1 de Rota, José Antonio Villegas, ha imputado a ambos representantes políticos por supuestas irregularidades urbanísticas para beneficiar a la empresa constructora, también imputada.  Así se recoge en el decreto del pasado 24 de julio donde el fiscal, tras estudiar una denuncia del PSOE, censuró el proceder de la Corporación municipal. "Con el convenio urbanístico se pretende de manera flagrante huir del derecho administrativo, evitando la aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público, y por ende los principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad, transparencia de los procedimientos”.

Según la denuncia, "el convenio estaría enmascarando una verdadera subvención directa a favor de Promociones Castellanos”, dice Anticorrupción, refiriéndose a uno de los tres acuerdos entre el Ayuntamiento y la constructora. Este primer convenio supuso un pago de 506.117 euros para urbanizar un sector cuyas obras correspondían a la junta de compensación. Un convenio que se aprobó a pesar de la "advertencia" del secretario municipal de la necesidad de que previamente se emitieran informes por parte de Urbanismo, de la oficina de Planeamiento y Gestión Urbanística y de la Intervención, y de la también advertencia del interventor de la necesidad de informes técnicos y jurídicos. Pese a que la junta local de gobierno se comprometió a solicitar dichos informes, finalmente, únicamente se emitió el mismo día en el que se abordó el asunto, un informe de la oficina de Planeamiento suscrito por el secretario. “El convenio parece establecer una financiación mediante dinero público de lo que son gastos que no le corresponde satisfacer al Ayuntamiento”, recoge el decreto de Fiscalía.

La Fiscalía Anticorrupción destaca que el Ayuntamiento incumplió los trámites legales y existen "irregularidades" en la urbanización del polígono SUNP RI1, situado a la entrada de Rota, hasta el punto de que ahora “se ha visto obligado a devolver” un préstamo por 2.212.868 euros más 118.420,18 euros en intereses, que le concedió el Ministerio de Industria para construir unas naves nidos en el SUNP RI1 que finalmente nunca se realizaron.

Según el auto de la jueza, estos hechos presentan características que hacen presumir la posible existencia  de una infracción penal por lo que ha ordenado se lleven a cabo las diligencias previas correspondientes.