El grupo municipal eleva una propuesta de la Junta a pleno que para ser efectiva, debe contar con el apoyo de los ayuntamientos

El número de desahucios que se han producido en nuestro país a raíz, principalmente, de la crisis económica que afecta a millones de familias españolas es un tema que preocupa al grup municipal de Izquierda Unida (IU) que, con ánimo de que esta situación se produzca lo menos posible, ha elevado a pleno una propuesta con la que pretende luchar "por una ciudad sin desahucios". Una declaración de intenciones que se recoge en la moción que ya ha sido presentada en la Oficina de Atención al Ciudadano (OAC) para que el equipo de gobierno, si la tiene a bien, la incluya en el Orden del Día del próximo pleno ordinario a celebrar en este mes de septiembre.

Izquierda Unida confía en que al igual que la propuesta que presentaron en el mes de febrero sobre los desahucios contó con la unanimidad y votos a favor de toda la Corporación municipal, por entender que es un tema de calado social y económico de vital importancia, también esta nueva moción cuente con el respaldo necesario a nivel local.

El portavoz de IU, Antonio Franco, en rueda de prensa,  ha recordado aquella primera propuesta, en la que se instaba al Gobierno de la nación a que aprobara una modificación de la regulación hipotecaria que incluyera la figura de la dación en pago, de manera que, en los casos de residencia habitual, si el banco ejecutaba la hipoteca y se quedaba con la vivienda, la totalidad de la deuda -principal más intereses y costas judiciales- quedaría liquidada, tal y como sucede en otros países de la Unión Europea o en Estados Unidos. En vista de este planteamiento que, al menos a nivel local contó con los votos positivos, los izquierdistas plantean una nueva moción.

En este caso, el grupo  municipal de IU, elevará a pleno la medida de la consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, llamada Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda para que se apruebe en el pleno municipal y poder aplicarla en la localidad. Este programa se centra, según ha explicado Antonio Franco, en tres áreas: prevención, intermediación y protección. Para ello, la consejería de Fomento y Vivienda va a ofrecer en las ocho provincias andaluzas un servicio público y gratuito encaminado a evitar los desahucios y, en caso de que se produzcan, revertir la injusticia y ofrecer soluciones tangibles a los desahucios. Este servicio renuncia de entrada a la neutralidad y se sitúa junto a la víctima del desahucio, adoptando lo que en términos jurídicos se conoce como principio pro consumatore.

De este modo, manifiesta Antonio Franco, en un momento en que el Gobierno "impone brutales recortes sociales a los ciudadanos y las autonomías con una mano, mientras con la otra riega de dinero público a las entidades financieras, la Administración andaluza no puede asistir desde una posición de neutralidad al desahucio de una familia empobrecida por una crisis de la que precisamente su acreedor es, en buena medida, responsable".
 
Puesto que para llevar a cabo este programa es necesario contar con la colaboración de los ayuntamientos, es e motivo por el que IU propone debatir esta propuesta en el pleno municipal con el objetivo de que consiga apoyos.

Para ello, se plantean varias cuestiones incluidas dentro de la propuesta. En primer lugar, se pide la exención del impuesto de plusvalía para las personas afectadas que sufran la pérdida de su vivienda en subasta y para aquellas que logren la dación de la vivienda en pago de la deuda, en aquellos supuestos que la Ley lo permita; Una revisión de los protocolos de actuación de Servicios Sociales en casos de desahucio, y colaboración en pedir al juez la suspensión del desahucio cuando este sea por motivos económicos y se refiera a la vivienda única y habitual. Por otro lado, no poner ni un sólo policía municipal a disposición de las órdenes de desahucio; interpelar a las entidades financieras que operan en la ciudad para exigirles la paralización de los desahucios y la condonación de deudas ilegítimas fruto del actual proceso de ejecución hipotecaria; y la colaboración de los servicios jurídicos del ayuntamiento en todos los casos que lo requieran.

Con este conjunto de medidas, en las que la gestión local tiene mucho que ver, IU pretende contribuir a paliar los efectos de los desahucios en muchas familias roteñas.