No es la primera que vez que desde que empezara la crisis, las asociaciones de lucha contra la drogodependencia denuncian la situación de desamparo en la que se encontrarán los enfermos de sida por falta de asistencia sanitaria, y el grave peligro que ello puede suponer para la población en general.

Por ello, ALAT, la Asociación Local de Ayuda al Toxicómano de Rota, ha querido hacer pública la advertencia de la coordinadora estatal de VIH-Sida, CESIDA, alertando sobre las "graves" consecuencias que tendrán en la salud pública y colectiva la retirada de la tarjeta sanitaria a los extranjeros en situación irregular el 31 de este mes de agosto.

Según los datos que ha hecho públicos ALAT, se estima que en España entre el 65 y  70 por ciento de los inmigrantes con VIH en situación irregular conocerían su infección, y entre 2.700 y 4.600 personas dejarían de recibir  tratamiento antirretroviral. Hay que recordar que cuando se deja de tomar la medicación antirretroviral, el virus empieza a multiplicarse y las personas pasan a ser más infectivas. Los expertos calculan que en tan sólo un año, se producirían entre 324 y 580 nuevos casos, que se añadirían a los que se producen anualmente en España.    

Así las cosas, ALAT ha se ha sumado a la denuncia pública del CESIDA que manifiesta que "retirar la tarjeta sanitaria es una medida que incrementa el riesgo de exclusión social y las desigualdades en salud. Además, la orden que está preparando el Gobierno de Mariano Rajoy para que las personas inmigrantes en situación irregular que quieran ser atendidas en hospitales y centros de salud públicos tengan que pagar una cantidad mensual, es un parche inasumible para muchas personas, que supone un  paso más hacia la privatización de la sanidad pública y provocará complicaciones que requerirán la utilización de la vía de urgencias hospitalarias, incrementando los ingresos hospitalarios, la presión asistencial, suponiendo en consecuencia mayor gasto sanitario", explican desde este órgano.

Para la asociación roteña de ayuda al toxicómano, "esta exclusión del sistema sanitario o la dificultad de acceso al tratamiento, implican un deterioro de la salud comunitaria y una falta de control sanitario respecto a la transmisión de enfermedades infectocontagiosas, lo que generará un serio problema de salud pública". Además, añaden, ello supone una violación de los derechos humanos y contraviene lo establecido en el artículo 43 de la Constitución Española donde se reconoce el derecho a la protección de la salud.

AlAT se ha rfeferido a las consecuencias que se producirían de no recibir tratamiento antirretroviral -ya sea como continuación del mismo o en personas recién diagnosticadas-, y que desencadenaría un incremento  de muertes en las personas infectadas por el VIH; un aumento del número de infecciones oportunistas y de los ingresos hospitalarios; un incremento en la transmisión del VIH a la población general, generando un grave problema a nivel de salud pública; un aumento de enfermedades infecciosas, como tuberculosis, sífilis, etc.; y una mayor posibilidad de transmisión madre-hijo del VIH.

Por ello, ALAT apela a concienciación y asegura que habrá un grave problema de salud pública con esta medida del Gobierno central.