Tras el anuncio del Partido Popular de liberalizar, vía real decreto ley, los horarios comerciales, tal y como anunció el pasado 2 de julio el secretario de Estado para el Comercio, el grupo municipal de Izquierda Unida se ha mostrado totalmente en contra de la decisión.

Según explica la moción que los izquierdistas presentarán al próximo pleno del mes de julio, el incremento de las horas de apertura de 72 a 90 horas semanales y el número de aperturas en domingos y festivos que pasa a ser 16, pudiendo las comunidades autónomas incrementar o disminuir ese número estableciendo el mínimo en diez días, dos más de los consensuados actualmente en Andalucía, es una medida "injusta".

Para Izquierda Unida, hasta ahora, el modelo actual garantizaba el equilibrio entre los diferentes intereses en conflicto, es decir, sindicatos, empresarios, ciudadanas y ciudadanos, un hecho que ahora "se rompe" con lo que plantea el Gobierno del PP, que para este grupo de la oposición local  "aboga explícitamente por favorecer a las grandes superficies comerciales".

En su misma moción, el portavoz de IU, Antonio Franco, firmante de la iniciativa, asegura que su partido "tiene claro" que si el Gobierno central implanta la modificación de los horarios y aperturas comerciales a través de un real decreto ley "es a sabiendas de que es anticonstitucional".

Por ello, según IU, ante las negativas implicaciones que para los pequeños y medianos comerciantes supondría que el gobierno del PP liberalizara los horarios comerciales a través de un real decreto ley y la consiguiente vulneración de las competencias autonómicas de la comunidad andaluza,  este grupo municipal plantea adoptar, para su debate y aprobación, una propuesta que se basa principalmente, en el rechazo de la medida.

Tal y como recoge la propuesta, la iniciativa que se elevará a la sesión plenaria propone rechazar la propuesta del Gobierno central sobre la liberalización en materias de horarios comerciales, al entender que rompe el consenso y los acuerdos entre los agentes socioeconómicos implicados y vulnerar las competencias de las comunidades autónomas y el Estatuto de Autonomía de Andalucía. El resultado de la votación se trasladaría al Ministerio de Economía y Competitividad, a la consejería de Turismo y Comercio de la Junta de Andalucía y al Consejo Andaluz de Comercio.