Comenzaba el año 2023 con los inevitables estudios sobre la evolución del país a lo largo del año consumido. Los indicadores sanitarios, establecidos comparando los datos de todas las comunidades, arrojaban para desgracia nuestra y vergüenza de los responsables, que Andalucía, la comunidad más poblada de España, era la que con menos personal médico y de enfermería contaba en atención especializada en relación a su población, exceptuando Ceuta y Melilla. También donde más días de espera se acumulaban para este tipo de consultas, ciento siete días de media (107) (Canarias pasaba también de cien) y suponía cuarenta días más que la media de España. Añadamos que la lista de espera en intervenciones quirúrgicas se escapaba a cuatrocientos cuarenta y ocho días de media (448), sin duda la más larga del país. Quedaba por debajo de la media en gasto sanitario por habitante, solo Madrid, Cataluña y Murcia, invierten menos que Andalucía. Todo ello supone que tengamos la peor nota global en nuestro sistema sanitario y en la atención primaria y hospitalaria.

Con este panorama todo lo que se le ocurre a la Junta de Andalucía es abrirle las puertas a la sanidad privada para el uso y disfrute de los recursos de la sanidad pública (BOJA 2-3-2023).

Con el gasto derivado amenazan las condiciones laborales del personal sanitario público; nuestro sistema sanitario ya cuenta con la precariedad de sus trabajadores, la falta de personal, la desaparición de centros de atención primaria,... Entre tanto el estado va a pagar 65 euros por cada consulta de atención primaria, 150 euros por la primera consulta de atención especializada y 90 euros por las posteriores, a las empresas privadas; lo que supone una estocada mortal al sistema sanitario público andaluz. Mientras la Consejera, Catalina García Carrasco, niega que esto sea una privatización, obviando que los conciertos con las empresas privadas aumentaron en un 20% en 2022 y se estima que alcance el 25% en 2023. No hay médicos suficientes; en Murcia sin ir más lejos, los especialistas cobran 1.000 euros más que aquí, así que se van al encontrar mejores condiciones, mayor estabilidad y mejores contratos, 508 médicos se han ido de Andalucía por falta de contratos dignos.

En mayo la Junta llega a un acuerdo con CCOO, UGT y CSIF con el que se comprometía a aumentar las plantillas, reducir las agendas de Medicina de Familias y Pediatría, como medidas para paliar el colapso que se sufre en la atención primaria al menos en un 25%, retirando también los polémicos conciertos, parando con esto las movilizaciones de mayo y junio.

La práctica está demostrando el incumplimiento de la Junta. El verano ha sido caótico, con cierres de consultas de especialidades, aumentando las listas de espera, retrasando diagnósticos y aumentando la mortalidad. Las urgencias colapsadas llegando a darse los casos de esperar 27 horas y tener que llamar a la policía para que lo atendieran o esperar 33 horas en el mismo hospital, el Regional de Málaga, para ser atendido; también en urgencias se han cerrado 300 camas por falta de contratación de personal, ha habido pacientes que no han podido entrar en UCI por falta de camas; sesiones de quimioterapia a 30 º y pacientes trasladados en ambulancia a 47º, porque en ambos casos no funcionaba el aire acondicionado; se han suspendido las actividades radiológicas "no urgentes", lo que ha supuesto la cancelación de 7.000 radiografías, 6.000 tomografías, 2.700 resonancias magnéticas, 2.900 pacientes se quedaron sin atención en la unidad de patología mamaria de radiodiagnóstico; el Hospital Civil de Málaga con una plaga de chinches que se ha ocultado durante dos meses; el colmo de no haber sillas de ruedas en los hospitales... ¡El caos absoluto!

Y pensaremos, con razón, ¿dónde se esconde el "propósito de enmienda"?

Manuel García Mata