De cara al próximo pleno ordinario, el grupo municipal del PP ha presentado una moción que se debatirá en la sesión plenaria para solicitar al Gobierno de España que se endurezcan algunas medidas ante casos de ocupaciones ilegales de viviendas de modo que se mejore la convivencia vecinal y se proteja la seguridad de las personas y cosas en las comunidades de propietarios.

La propuesta hace alusión a los problemas de los propietarios que ven 'okupadas' sus viviendas y se encuentran por delante con un proceso jurídico para recuperar lo que es suyo. Un fenómeno el de la ocupación ilegal que ha aumentado por parte de las mafias en España y ha incrementado las denuncias por allanamiento u ocupación de domicilios.  Hay tres vías para proteger la vivienda, la vía penal, la administrativa y la civil, pero el PP entiende que aparte de las medidas legales ya existentes, el ordenamiento jurídico debe ser adaptado y mejorado para combatir esta forma de delincuencia, salvaguardar la propiedad o la posesión legitima y pacífica, y permitir una protección efectiva de los titulares de derechos. Además, hay que contemplar que la ocupación ilegal de una vivienda produce una gran alteración de la convivencia vecinal, provocando inseguridad en la comunidad de propietarios en la que se han instalado los ocupantes ilegales.

Aunque con la modificación del art. 250.1.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por la Ley 5/2018, de 11 de junio, se consiguieron resultados positivos contra la ocupación ilegal de viviendas, especialmente, en cuanto al acortamiento de plazos y agilización de procedimientos, para el PP, es necesario seguir dando pasos. En este sentido, apuestan por asegurar el desalojo inmediato de la vivienda ocupada en caso de que la situación sea de flagrante delito, y en caso de que no lo sea, en 24 horas por parte de la Policía; por la recuperación del delito de usurpación de bienes inmuebles con penas de entre 3 y 5 años para que se puedan tomar medidas cautelares;  la imposibilidad de que se puedan empadronar y tener acceso a determinar beneficios; que se endurezcan las penas en caso de que se trate de mafias organizadas; así como deslindar con claridad las situaciones de vulnerabilidad o exclusión social por motivo de vivienda y de protección a las familias en situación de emergencia social, con el fenómeno de la ocupación ilegal a que esta iniciativa responde.

"A un okupa no se le desahucia, se le desaloja, y al vulnerable se le protege, sin que el Estado traslade a la ciudadanía sus propias responsabilidades en ninguno de estos dos casos", indica la moción del PP que viene a pedir cinco acuerdos para que se le dé traslado desde el pleno del Ayuntamiento de Rota al presidente del
Gobierno de España, a la ministra de Justicia, a la ministra de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, así como a los portavoces de los grupos parlamentarios de las Cortes Generales, y a la Junta de Gobierno de la FEMP.

La moción de los populares pide modificar los artículos 245 y 269 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre del Código Penal para endurecer las penas en caso de ocupación de la vivienda o inmueble, especialmente en el caso de mafias; y recuperar el delito de usurpación de bienes inmuebles con penas de entre 3 y 5 años.

En segundo lugar, que se incluyan nuevas medidas procesales en la Ley de Enjuiciamiento Criminal para mejorar la protección de las personas físicas o jurídicas que sean propietarias o poseedoras legítimas de una vivienda o inmueble con el objetivo de recuperar la plena posesión de una vivienda o parte de ella, siempre que se hayan visto privados de la misma sin su consentimiento; y proceder al desalojo de la vivienda ocupada en situación de flagrante delito o, en caso de que no lo sea, en 24 horas por parte de la Policía.

En tercer lugar, que se modifique la Ley 49/1960 sobre propiedad horizontal para que se habilite a las comunidades de propietarios como personas jurídicas para que puedan iniciar los procesos de recuperación de la vivienda en aras de una mejor convivencia y evitando actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas.

En cuarto lugar, que se incluya  una nueva medida en el apartado 4 del artículo 18 de la Ley 7/1985, de 2 de  abril, de Bases de Régimen Local para evitar la inscripción en el padrón municipal de un ocupante ilegal definido en la Ley Orgánica contra la ocupación ilegal y para la convivencia vecinal y la protección de la seguridad de las  personas y cosas en las comunidades de propietarios. Así como solicitar que esta inscripción se considere nula y  no constituya prueba de su residencia o domicilio ni les atribuya ningún derecho. A tales efectos, los ayuntamientos darán de baja de oficio o a instancia del propietario o poseedor real legítimo las inscripciones en cuanto tuvieran conocimiento de ello.

Por último, la propuesta a debatir incluye que se modifique la legislación tributaria para la reducción de  obligaciones contributivas de arrendadores que justifiquen la no percepción de rentas.

El PP pretende con ello, que la ocupación ilegal de viviendas se castigue con mayor dureza, algo que, según han indicado desde el grupo municipal popular, "la izquierda en bloque (de la Corporación municipal de Rota) ha mostrado su oposición tajante a esta propuesta que viene a defender los derechos de los propietarios y comunidades de vecinos afectados". Con esta premisa, es poco probable que la moción salga adelante en el próximo pleno municipal en la que se debatirá.