El pleno de ayer aprobó por mayoría, con los votos a favor de PSOE, Izquierda Unida y Podemos, los votos en contra del PP y la abstención de Ciudadanos y Vox, decretar la caducidad del procedimiento de revisión de oficio del convenio urbanístico que se suscribió  entre el Ayuntamiento de Rota y la Junta de Compensación del sector SUNP-R2 con fecha 28 de mayo de 2010.

El punto no hubiera tenido más interés que el trámite administrativo de cuantas gestiones se realizan a nivel municipal para resolver un convenio incumplido, pero teniendo en cuenta que se trataba de un asunto  que acabó en los tribunales, el asunto desvarió.

Aunque en la exposición del punto el teniente de alcalde Daniel Manrique de Lara prefirió centrarse a los términos  estrictamente informativos del punto y los motivos por los que se elevaba a pleno, la portavoz del PP, Auxiliadora Izquierdo, quiso añadir al debate la situación política  y judicial que rodea desde 2010 al citado convenio asegurando que aquella forma de actuar solo tenía como objetivo desprestigiar al entonces gobierno local.

Según explicó Daniel Manrique de Lara, en mayo de 2010, el Ayuntamiento de Rota, gobernado entonces por PP y Roteños Unidos, firmó un convenio urbanístico con la Junta de Compensación del sector SUNP-R2, mediante el cual, el Ayuntamiento se comprometía a urbanizar dos viarios, las avenidas Mayeto y Carbonera, que en realidad correspondía hacer a la Junta de Compensación, y esta a cambio, por el mismo valor que costaba esa actuación,  que eran 2,3 millones de euros, construiría equipamientos en la localidad, es decir, devolvería esa inversión en especie, resultando de aquello el inicio de las primeras fases del que iba a ser el futuro colegio en los nuevos suelos y el nuevo centro de salud en la avenida de la Libertad.

Dado que pasado el tiempo, el Ayuntamiento de Rota sí urbanizó los dos viarios, pero la Junta de Compensación apenas hizo una inversión en los equipamientos comprometidos de unos 658.881 euros, quedaba pendiente que esta devolviera a las arcas municipales 1,6 millones de euros. Ante esta situación, como se recordó en el pleno, en 2014 el anterior gobierno inició el expediente de resolución del convenio, para que la Junta de Compensación devolviera la cantidad que no había invertido para igualar la inversión del Ayuntamiento, pero no se resolvió en el plazo legal establecido  de seis meses, por lo que cuando llega el PSOE al gobierno local, inicia los trámites para declarar la nulidad del procedimiento de resolución para iniciar otro procedimiento que permitiera recuperar ese dinero. Para ello, se solicitó en 2017 un informe jurídico a la Diputación de Cádiz (ya que el secretario municipal estaba imputado en esta causa), y es la Diputación, según Manrique, la que aconseja la revisión de oficio del expediente. La cuestión, indicaba el portavoz del PSOE ayer en el pleno, es que esa revisión de oficio no se pudo llevar a cabo porque resulta que el convenio inicialmente suscrito entre Ayuntamiento y Junta de Compensación no incluía una fecha límite de finalización de las obras, por lo que se decía que la Junta de Compensación tenía que construir los equipamientos pero no  un plazo exacto para llevarlas a cabo. No es hasta que se aprueba la Ley del Sector Público cuando se establece que aquellos convenios vigentes sin plazo de duración,  iban a tener 4 años desde la entrada en vigor de la citada ley, es decir, hasta octubre de 2020, para cumplirse. Dado que la Junta de Compensación del SUNP-R2 nunca llegó a construir los equipamientos para compensar el dinero que el Ayuntamiento había invertido en la urbanización de las dos avenidas que no le correspondía, y que el plazo, según la ley, ya había expirado, es por lo que se elevaba a pleno decretar la caducidad del procedimiento de la revisión de oficio que se inició por el PSOE en 2017 para poder actualmente,  avanzar en liquidar las cantidades y que ese dinero público que permanece en manos de la Junta de Compensación, vuelva a las arcas municipales del Ayuntamiento.

Sin embargo, y aunque esa fue la cronología de hechos relatada por el portavoz del PSOE, la portavoz del PP tiene una visión bien distinta de la situación destacando que esa declaración de caducidad del procedimiento de revisión de oficio del convenio urbanístico que ayer se elevaba a pleno, viene en realidad motivada porque la sentencia judicial de la Audiencia Provincial de Cádiz en octubre de 2020 dictó la absolución de los ex alcaldes Eva Corrales (PP) y Lorenzo Sánchez (Roteños Unidos), que estuvieron imputados en esta causa denunciada por el PSOE. Para la representante popular, es una "marcha atrás" en toda regla y en ello, basó su intervención en el pleno, leyendo partes de la sentencia que dejaban en evidencia la "mala fe y temeridad" con la que en su día, la concejal del PSOE que firmó la demanda, Encarna Niño, actuó llevando este caso a los juzgados.

Auxiliadora Izquierdo aseguró que su partido en el gobierno quiso resolver el convenio y liquidar las cantidades que quedaban pendientes de devolución por parte de la Junta de Compensación, pero que fue el PSOE el que en 2017 prefirió aprobar la revisión de oficio del procedimiento y que luego cambia de opinión "por intereses ocultos" preguntándose la popular qué pasos dieron para llevar a fin este trámite. Aunque Daniel Manrique  le indicó a Auxiliadora Izquierdo que los motivos por lo que tomaron esa decisión nada tenía que ver con lo que se estaba dirimiendo en los juzgados, las posturas enfrentadas ante el punto quedó más que patente. 

De hecho, la portavoz del PP insistió en que el PSOE no continuó con el procedimiento de resolución del convenio que ellos iniciaron en 2014 porque no quisieron, asegurando que lo que ahora les hace cambiar de opinión es que la sentencia de este caso absolvió a todos los imputados en la causa, a lo que Daniel Manrique le recordó que es un tema que está aún en manos del Tribunal Supremo y que por tanto, no hay sentencia firme.

Auxiliadora Izquierdo aseguró que el PSOE llevó por lo penal un tema que se podría haber resuelto por la vía administrativa y que ha sido cuando el juzgado ha dicho "que el convenio estaba bien", absolviendo a los imputados y condenando a la socialista Encarna Niño a pagar las costas procesales, cuando han cambiado de postura. Desde el PP insistieron en que los socialistas quisieron hacer una revisión de oficio para declarar el convenio urbanístico nulo en vez de resolverlo porque como ya lo habían denunciado en los juzgados, si este se resolvía, su argumento en los tribunales no serviría para el objetivo político de acabar con el gobierno del PP y Roteños Unidos,  que Auxiliadora Izquierdo asegura que siempre movió al PSOE cuando fue a los tribunales.

Esta afirmación fue para el alcalde de Rota, Javier Ruiz, y para el teniente de alcalde Daniel Manrique Lara, una "osadía" de la portavoz del PP por haber sacado en este punto del pleno el asunto judicial asegurándole que es ella la que más tiene que perder, le decían los socialistas, ya que "fue usted la que formó parte de un gobierno corrupto con sus alcaldes condenados en dos causas y otras que están aún pendientes".

Daniel Manrique volvió a insistir que si en su día no se resolvió el convenio como quería el PP,  fue porque este estaba aún en vigencia,  y no ha sido hasta octubre de 2020 cuando ha expirado, y a partir de ahí cuando se ha iniciado  el trámite para resolverlo y hacer que esos 2,3 millones que Rota recibió del Plan E del Gobierno central para realizar obras en la localidad, "vuelvan a los roteños" y no siga en manos privadas como está ahora por querer el Ayuntamiento realizar unas obras de urbanización que no le correspondían.

Daniel Manrique de Lara mantiene que aquel convenio fue una "barbaridad" y que la intención de aquel gobierno del que Auxiliadora formaba parte, era "regalar a la Junta de Compensación" un dinero que era de los roteños; a lo que la concejal del PP respondió que el PSOE con aquella denuncia, solo quiso sacar rédito político y cargarse el gobierno del PP y Roteños Unidos "haciendo un uso indebido de la vía penal,  como arma política y electoralista".

Fue el alcalde de Rota el que dio por terminado el punto de debate y sin querer reiterar lo ya dicho por su compañero de partido, le pidió a la representante del PP que se pasara por la avenida de la Libertad y por los nuevos suelos y se preguntara si no le daba "vergüenza" de ver en esos pilares levantados "dónde tiraron el dinero de los roteños".