El pasado jueves, una usuaria del servicio de Urgencias del centro de salud de Rota agredió a una médico y a un celador, por lo que hubo que requerir presencia policial para evitar males mayores. La agresión la ha denunciado el sector de Sanidad del sindicato CSIF, que no solo ha condenado los hechos, sino que ha pedido más medios para proteger a los profesionales.

A pesar de que se interpuso la correspondiente denuncia y se activó el protocolo establecido por el SAS ante este tipo de episodios, CSIF recuerda que este centro de salud, a diferencia de otros, carece de personal de seguridad que sirva para disuadir o minimizar las agresiones por parte de ciertos usuarios.

Concretamente, la usuaria amenazó e insultó a una médica y a un celador del centro mientras esperaba a ser atendida, y además puso una zancadilla a la doctora y traspasó el mostrador para agredir al celador. Hasta tres veces, en el mismo día, acudió la usuaria al centro y los profesionales del centro tuvieron que llamar a la Policía en dos ocasiones para que les auxiliara, ante la agresividad que presentaba la mujer.

Desde CSIF se reclama al SAS más medios para evitar estas situaciones, en las que los profesionales, en el ejercicio de sus funciones, son amenazados, insultados y agredidos físicamente por usuarios y, a veces, sus acompañantes o familiares, que consideran que pueden mostrar su malestar o discrepancias a través de la violencia. Así, CSIF urge a la administración sanitaria que ponga personal de seguridad en este centro (y en todos donde todavía no haya). Del mismo modo, y en general, el sindicato reclama el endurecimiento de las penas a las personas agresoras y con comportamientos violentos, pues “sale demasiado barato agredir a un profesional, por lo que, en muchas ocasiones –no en este caso de Rota- disuade a los trabajadores a la hora de denunciar, silenciando una lacra que perjudica tanto al personal de los centros sanitarios como al resto de usuarios que necesitan atención médica".

Por último, desde CSIF se recuerda a la ciudadanía que existen unos cauces legales, como las hojas de reclamaciones, para manifestar su desacuerdo con los tiempos de espera o con lo que consideren contrario a sus derechos, pero nunca recurrir a la violencia.