En la mañana de este miércoles, el secretario de Análisis y Programa del PSOE, Pablo Gómez Martín-Bejarano, ha comparecido en rueda de prensa para valorar positivamente el Protocolo de Inclusión Financiera que el Gobierno central ha firmado con las entidades bancarias para que los mayores no se vean excluidos de los servicios financieros por no manejar las nuevas tecnologías. 

Gracias al impulso de la campaña "Soy mayor, no idiota" de Carlos San Juan, que consiguió más de 600.000 firmas de apoyo para que en los bancos hubiera atención presencial para personas mayores o con dificultades, el Gobierno de la nación y las entidades han llegado a un acuerdo en el marco de la Ley de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica que entra en vigor este martes, 2 de marzo.

De esta forma, los bancos tienen seis meses de  plazo para implantar un decálogo de medidas que eviten la brecha digital entre mayores y jóvenes, especialmente en zonas rurales. El acuerdo se ha llevado a cabo en coordinación con el Banco de España y con representantes del sector de entidades de crédito. Se trata de que las entidades bancarias den al sector de la población más vulnerable, por edad o por discapacidad, un trato más humano, especialmente en las zonas rurales. Es una herramienta, decía el socialista, de cohesión territorial y una forma de dar respuesta a una demanda de personas mayores.

Las medidas incluidas en este protocolo, que ya se suscribió en junio de 2021 y que ahora se ha actualizado con nuevas aportaciones en favor del fomento de la inclusión financiera, pasan por un previo diagnóstico del banco de la situación actual y en seis meses, incluir:  atención presencial en oficina, ventanilla o cajero, ampliando los horarios de caja como mínimo de 9.00 a 14.00 horas, frente a las restricciones que había aplicado la banca en los últimos años.  Además,  tiene que haber al menos una persona para llevar a cabo esta función. Será prioritario atender a mayores de 65 años y personas con discapacidad en caso de alta afluencia de público en las oficinas. Y será obligatoria la formación específica para el personal de la red comercial para atender las necesidades de este colectivo con lenguaje sencillo y adaptado.

Por otro lado, las entidades  bancarias se comprometen a mejorar la atención por la vía telefónica sin que esta suponga un coste adicional a través de un interlocutor personal para los clientes mayores o con discapacidad, y el horario de atención telefónica será como mínimo de 9 de la mañana a 6 de la tarde para los clientes a los que se preste servicios sin oficinas. 

En cuanto a la accesibilidad a través de apps o cajeros, se deben adaptar los actuales canales tecnológicos a los mayores para que estos sean más sencillos de utilizar, con lenguaje entendible, simplificado y que ayuden a una mejor accesibilidad.  La banca se compromete además, a reparar los cajeros que estén fuera de servicio en un máximo de dos días laborales para asegurar la disposición de efectivo. Y siempre deberán facilitar información sobre el cajero alternativo que esté más cerca.

El protocolo  incluye también un refuerzo de la formación financiera digital y de prevención de fraude a este colectivo de clientes a través de  talleres, seminarios o herramientas similares. También habrá ofrecimiento a los clientes de acciones formativas por el canal que resulte más adecuado.

Todo ello, tendrá un seguimiento para corroborar que las medidas se cumplen. Para ello, se recabarán datos  de los bancos para realizar informes semestrales sobre este protocolo  y esos datos se pondrán a disposición del Ministerio de Asuntos Económicos y de Transformación Digital  para su conocimiento.

Pablo Gómez resaltaba por otro lado, que la supervisión del cumplimiento de estas medidas se completará con un informe anual que elaborará el Banco de España, y con otras medidas que el Gobierno de España aprobará en el  próximo Consejo de Ministros como el anteproyecto de Ley de Servicios de Atención al Cliente que incluirá exigencias específicas para el sector financiero mejorando los canales y la atención personalizada para dar respuesta adecuada a los clientes, así como el trámite de primera vuelta y audiencia pública de creación de la autoridad de defensa de los clientes financieros para reforzar la protección de los usuarios y que estas entidades cumplan con sus obligaciones.

En las inversiones del Plan Estatal de Recuperación del Gobierno central se han previsto acciones formativas para la población de mayor edad,  de hecho, ya en 2021 el Gobierno transfirió 140 millones de euros a las comunidades autónomas para este tipo de acciones a las que se suman otras como acuerdos con diputaciones, ayuntamientos o la empresa pública de Correos que ofrecerá un servicio de cajero y de envío y recepción de dinero en efectivo

El socialista ha destacado lo beneficioso de este acuerdo al que se ha llegado desde el Gobierno central con las asociaciones bancarias a favor de las personas que estaban viendo en los últimos tiempos que las nuevas tecnologías y la desaparición de la atención presencial en los bancos les estaba creando un problema a la hora de acceder a los servicios financieros.