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Redacción
Lunes, 13 de Septiembre de 2021

Centenarias bancarrotas locales (por Jesús Antonio Rodríguez Morilla)

Andalucía (I), suspende en cumplimientos rendición cuentas locales con un nivel del 45%

Según el Informe nº1444, de fecha 10.9.2021, en la Fiscalización del Sector Público Local, del TRIBUNAL DE CUENTAS, correspondiente a 2018, Andalucía junto con Murcia, son las que han arrojado los menores niveles de rendición de cuentas con un 45 y 52%, respectivamente.


Ello, contando con un plazo extraordinario de “cien días”, concedido con motivo del Estado de Alarma, aspecto, en desacuerdo por el Tribunal de Cuentas, que lo veía injustificado, valorando, que el desarrollo de las tecnologías actuales, permitiría el empleo de plazos más reducidos.


El peor comportamiento parece contemplarse en algunos ayuntamientos con población superior a los 100.000 habitantes, como: Cádiz, Huelva, Jaén, Jerez y Marbella. Se añadirían, tres diputaciones provinciales: Málaga, Almería y Cádiz.

 

La Diputación provincial de Huelva tendría el mayor endeudamiento relativo con un equivalente al 53% de sus ingresos.

 

De entre los ayuntamientos inferiores a 50.000 habitantes, destacan por la falta de presentación de cuentas en los tres últimos ejercicios:  Jaén, El Puerto de Santa Marí, Mijas y Vélez-Málaga.

 

Pero no queda el tema solo en Andalucía, ya que, a lo largo del territorio nacional, se contemplan casi 13.000 entidades locales obligadas a presentar cuentas, de las cuales un 63%, son pequeños ayuntamientos y un 29% entidades catalogadas inferiores a municipios.

 

Significa igualmente el Tribunal de Cuentas, respecto a los Gastos Sanitarios Autonómicos, estos representaron 65.866 millones de euros, en 2.018, lo que representa el 5.5.% del P.I.B. y todavía no habíamos entrado en la época pandémica.  Un 44,5% de dicho gasto fueron originados por Cataluña, Andalucía y Madrid.

 

En materia de Contratación, como viene siendo habitual, extensivo a mi juicio a casi todo el territorio nacional, se continúa observando la perseverancia en la comisión de irregularidades, algunas como la ignorancia de no ejercer opciones que les atribuye la normativa existente en materia de resoluciones de contratos o imposición de penalidades, entre otras.

 

En resumen, un 2018, que ofrece de nuevo la sensación de una nueva lectura aburrida como si se tratara del único ejemplar existente en los anaqueles de una biblioteca, en la certeza, de que próximos Informes abarcarán nuevas aventuras.

 

Jesús Antonio Rodríguez Morilla

 

                                                                      

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