Posiblemente nuestro Vicepresidente Segundo del Gobierno de España, el sr. Iglesias, tenga el trauma infantil de no haber dispuesto entonces de unas botas katiuskas. Como de niño, por esta razón, no pudo disfrutar metiéndose en los charcos, ahora que tiene la ocasión no la desaprovecha y se las arregla para cumplir los sueños de su infancia. Él, que suele aparecer en los medios por sus continuas salidas de pata de banco, esta vez acompañando en la campaña de las Elecciones Catalanas de este próximo domingo, se ha despachado diciendo que España no es una democracia plena. Solo a él se le puede ocurrir ocupando el cargo que representa.

Habrá que reconocer que Pablo Iglesias, aparte de lo inoportuno, tiene parte de razón; pero no sirve que lo ande pregonando y sí, en cambio, que, con el puesto que ocupa, se comprometiese a mejorarlo. Eso, al menos, es lo que se esperaba de él. En un año de gobierno, cierto que determinado por la pandemia, se podría esperar que estas carencias que sufre la democracia española hubiesen sido enfrentadas por el Ejecutivo, al menos por la parte del sector del sr. Vicepresidente Segundo. Todas aquellas leyes que había que derogar van camino de quedarse como estaban, por lo menos en lo substancial. Ni siquiera en una de las ideas estrellas de la nueva política, tanto de Podemos como de Ciudadanos, la reforma de la Ley Electoral, se ha tenido el más mínimo interés en modificarla. Antes, conseguir una ley más justa e igualitaria, más proporcional, era una prioridad; hoy, aquella imperiosa necesidad cayó en el olvido.

Pero sería injusto hablar de carencias democráticas y citar solo a Pablo Iglesias. No voy a perder el tiempo señalando todo el entramado antidemocrático que sustenta a los grandes partidos nacionales, si alguien no lo tiene claro es que no le preocupa mucho el tema. Más grave resulta que uno de los tres poderes, tan fundamental como el legislativo o el ejecutivo, o sea, el judicial, en absoluto es modelo de nada. La rabiosa actualidad ha arrojado a la palestra un claro ejemplo de la prepotencia y la arbitrariedad con la que frecuentemente actúa el poder judicial. En una coyuntura tan trágica como la que vivimos, en la que la presión de ciertos miembros irresponsables de la clase política, por oponerse a la línea aceptada por la mayoría, boicotean con sus medidas las demandas del sector sanitario, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, basándose exclusivamente en la opinión de sus miembros, sin apoyo científico alguno en su decisión, levanta las restricciones aplicadas a la hostelería establecidas por el Gobierno Vasco. Absolutamente deleznable.

No voy a entrar en la calidad de la democracia nacional, ni me consuela ver cómo son otras: algunas mejores, algunas peores; pero que los ejemplos que aquí se han traído demuestran que la nuestra es susceptible de mejora no tiene vuelta de hoja.

Manuel García Mata