El presidente de la Asociación Roteña en Defensa de lo Público, Antonio Morales, acompañado del vicepresidente de la entidad, Ángel Novo, ha presentado al equipo de gobierno una moción que se está moviendo a nivel estatal sobre las pensiones, con el fin de que los distintos grupos políticos, bien por separado o en una moción conjunta, eleven al pleno sus reivindicaciones. En concreto,  piden apoyo a la exigencia de la Coespe (Coordinadora Estatal en Defensa de las Pensiones Públicas) de realizar una auditoría de las cuentas de la Seguridad Social que determine la cuantía de los gastos sufragados por las cotizaciones obreras y que rechace lo que entienden que es una "falacia" cuando apuntan que el "sistema público de pensiones es deficitario".

Para ello, y siguiendo la dinámica de otras plataformas en defensa de las pensiones públicas, han dado registro a esta petición para que desde el pleno municipal del Ayuntamiento de Rota los grupos políticos que forman el arco plenario se pronuncien al respecto y aprueben, por un lado, que el Ayuntamiento se adhiera a la solicitud de Coespe Unidad y, a su vez, solicite del Gobierno de España, a través del Ministerio de Hacienda, la realización de una auditoría de las cuentas de la Seguridad Social, para que “la ciudadanía tenga una imagen fidedigna de la situación  de  la  Seguridad  Social  a  partir  del  conocimiento  preciso  del  decisivo papel  que  ha desempeñado  en  la  construcción  de  las  instituciones  de  nuestro  Estado de bienestar.

Y es que según se explica en esta moción, "ha de elaborarse un estudio que refleje en qué  medida  las  cotizaciones  sociales  asumieron  durante  años  el  peso  de la  financiación  de  otras  políticas  del  Estado, ya que se entiende que si  las  cotizaciones  se hubieran  limitado  a  financiar  prestaciones  de  naturaleza  estrictamente contributiva, se habrían evitado dos problemas: en  primer  lugar,  las  tensiones  generadas  por  la  sobrecarga  de  las cotizaciones  que han  alentado  un  falso  conflicto  intergeneracional  que  oculta que,  durante  años,  los  excedentes del  sistema se  utilizaron  para  financiar otras  políticas  sociales  y  el  desarrollo  del  propio  sistema  del  Estado  del Bienestar. En  segundo  lugar,  se hubiera evitado, según Coespe,  el  desequilibrio  presupuestario  que ha  derivado  en  la concesión  de  préstamos  del  Estado  a  la  Seguridad  Social,  cuando  las reservas  financieras  del  sistema  habrían  sido  suficientes  para  cubrir  las prestaciones contributivas. Ello ha generado una imagen distorsionada de desequilibrio  del  sistema,  generando  alarmismo  e  incertidumbre  a  los pensionistas y al conjunto de la población".

Por eso, la auditoría que se solicita, según indica la moción, ha de cuantificar el importe total de los denominados gastos impropios a cargo de las cotizaciones sociales y por tanto, se reclama que  una  vez  establecida  dicha  cuantía,  se  habilite  la  compensación  adecuada  a  la  caja única de la Seguridad Social.

Coespe Unidad, que defiende el sistema público de pensiones, con concentraciones periódicas en muchos puntos del país en las que participan más de 250 plataformas   locales   y   autonómicas   y   miles   de   pensionistas   y   jubilados, se centra para esta petición en la  Comisión   de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo, celebrada el 27 de octubre de 2020, donde se aprobaba el Informe de Evaluación y Reforma del Pacto de  Toledo. 

En ella, indica la plataforma, queda patente que "las  cotizaciones  de  los  trabajadores  se  han  venido  utilizando para  otros  usos  diferentes  al  pago de  las  pensiones contributivas  y  que las  pensiones  no  contributivas  y  otros  gastos  impropios  han  debido  ser asumidas por el Estado mediante aportaciones". Entre los gastos impropios cuya financiación  no  debe  hacerse  con  cargo  a  recursos  propios  de  la  Seguridad  Social se citan las ayudas a sectores productivos  concretos  a  través  de  la  anticipación  de  la  edad  de  jubilación  en  determinadas actividades; el tratamiento favorable de la cotización en algunos regímenes o sistemas especiales o en actividades desarrolladas por jóvenes en formación; la financiación de las políticas vinculadas a la protección de la familia y a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, etc.

Para dar fuerza a la moción que presentan los pensionistas, se agarran a que el  Ministerio  de  Inclusión,  Seguridad  Social  y Migraciones  ha reconocido que 22.300 millones de euros anuales en 2020 han sido de  gastos  impropios  a  cargo  de  la Seguridad Social, y que también  el  Tribunal  de  Cuentas  en  su informe  del  28  de  julio  de  2020,  cuantifica  en 103.690 millones de euros los recursos de la Seguridad Social utilizados impropiamente en el periodo 2010-2018.

Es en ese contexto en el que Coespe ha iniciado una campaña de recogida de firmas para promover una auditoría de las cuentas de la Seguridad Social, y es donde la Asociación  Roteña  en  Defensa  de  lo  Público, como  miembro  de  Coespe Unidad, se dirige a los partidos políticos locales para que se adhieran a esta petición de auditar las cuentas de la Seguridad Social y la cantidad que resulte se devuelva a la caja única de la Seguridad Social.