Aunque hace una semana que la Asociación Roteña en Defensa de lo Público decidió que dejaba de momento suspendidas las concentraciones semanales dado el aumento de contagios por coronavirus que estaba experimentando la localidad, eso no quita que hoy lunes, de forma excepcional, haya llevado a cabo un breve acto reivindicativo.

Esta mañana, a las puertas del Palacio Municipal Castillo de Luna han posado algunos de los miembros de esta asociación con una pancarta para mostrar su posición contra el Pacto de Toledo. De esta forma, se unen al NO que otras asociaciones similares ya han mostrado en otros puntos del país, siguiendo las directrices de COESPE Unidad (Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones).

Según han manifestado desde la Asociación Roteña en Defensa de lo Público, este posicionamiento sirve para denunciar la promoción del Gobierno a los planes de  pensiones  privados  de  empresa,  vía  convenios  colectivos entendiéndose que con ello están preparando un futuro  de  sistema  de  pensiones  mixto en el que habrá "unas  pensiones  públicas cada   vez   más   recortadas   y   unas   pensiones   privadas   para   quien   pueda pagarlas.  Beneficio  para  la  patronal,  los  bancos  y agentes  sociales  (CCOO  y UGT)   y   empobrecimiento   para   los   trabajadores   y   trabajadoras,   como   ha ocurrido  en  Chile  desde  1981  y otros  países  de  nuestro  entorno,  Alemania, Irlanda, etc.".

Por otro lado, con esta pancarta con la que se suman al no al Pacto de Toledo, piden una pensión mínima a la que le falta  una  base  de referencia  “para  la  suficiencia económica a la ciudadanía durante la tercera edad",  según establece el artículo 50 de la Constitución Española. Según este colectivo, esa referencia para las pensiones mínimas, de viudedad,  no  contributivas,  etc., debe  ser  igual  al  salario mínimo (SMI), y este igual al 60% de la media salarial en el Estado español, que es lo que  establece  la  Carta  Social  Europea.  Con  ello, apuntan, se conseguiría además reducir drásticamente la brecha de género.

Se pide igualmente, la revalorización de las pensiones al IPC, y que esta quede recogida de forma clara en la Constitución para que sea un derecho blindado y no como ocurre actualmente donde, indican desde la asociación, a pesar de lo que se ha manifestado por el Gobierno, hay ambigüedad en la recomendación segunda sobre el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones, cuando dice que “La Comisión constata que la revalorización de las pensiones no goza del suficiente consenso”.

En esta misma línea, solicitan la derogación total de leyes de reformas perjudiciales, concretamente, las reformas de las pensiones de 2011 y 2013 por considerar que ambas recortaron derechos y cuantía de pensiones por alargar la vida laboral (de 65 a 67 años), aumentar los años de cotización para el cálculo de las pensiones (de
15 a 25), el factor de sostenibilidad (menor cuantía por mayor esperanza de vida) y el factor de revalorización (el famoso 0.25%). De igual forma, reclaman la derogación de las reformas laborales de 2010 y 2012 al entender que supusieron entorpecer los convenios colectivos de empresa y sectoriales, la precarización de contratos y empleos y abaratar aún más los despidos, individuales y colectivos, en el camino hacia la gratuidad total para los empresarios. Algo que, insisten, ha repercutido en el descenso de las cotizaciones sociales a la Seguridad Social y, en general, en el bienestar de toda la ciudadanía.

Por último, con este acto reivindicativo, piden que no se alargue más la vida laboral dado que la vida media saludable está alrededor de los 74 años y se acorta para quienes no han tenido una vida cómoda y fácil, y que el paro juvenil está sobre el 42% y muchas personas jóvenes no pueden tener un proyecto de vida. Por ello, entienden que no se debe incentivar trabajar más allá de la edad legal de jubilación, 65 años; tener una jubilación anticipada con 40 años cotizados y con el 100% de la pensión, y que se supriman los factores correctores de jubilación anticipada al cumplir la edad legal de jubilación, que  a juicio de este colectivo, debería estar en los 65 años.

Los pensionistas y socios de esta entidad roteña han mostrado de esta forma simbólica su apoyo a las reivindicaciones que siguen llevando por bandera de unas pensiones dignas y justas.