ALAT, la Asociación Local de Ayuda al Toxicómano de Rota, se ha sumado a la denuncia pública hecha por la Federación ENLACE, a la que pertenecen, ante el recorte que la Junta de Andalucía ha llevado a cabo en las políticas sociales y de reinserción para personas presas.

Según denuncia el colectivo de asociaciones encargadas de trabajar con personas toxicómanas, presidiarias y familias, en la actual propuesta de resolución de subvenciones de la Junta de Andalucía para atender fines sociales con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en el ámbito de las competencias de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, se ha producido un recorte sin precedentes, pasando de unos 699.000 euros en 2019 a 93.000 euros en esta convocatoria de 2020.

Eso supone, según ALAT, que se dejarán de financiar programas muy consolidados que llevaban muchos años atendiendo a las más de 13.000 personas presas que hay en Andalucía y a sus familias. Programas que fomentaban que el paso por la cárcel no supusiera una mayor exclusión, sino que propiciara la plena integración en la sociedad. Las personas presas, recuerda esta asociación, son vecinos que en sus barrios dejan familias y amistades rotas por el encarcelamiento, y a ellos volverán cuando acaben su condena. Por eso, deben tener garantizados sus derechos como ciudadanos durante su estancia en prisión y al salir de esta, para que se haga realidad el principio constitucional de reinserción.  Así lo entiende ALAT y ENLACE y así quieren compartirlo con la opinión pública ante un recorte que les impedirá seguir trabajando en este ámbito que consideran de vital importancia para la construcción de una sociedad más segura, con menos delitos y mayor paz social. Solo mediante la inversión en políticas sociales que reduzcan la desigualdad, la precariedad y el desempleo es posible, indican, por lo que "recortar en políticas de reinserción es recortar en políticas sociales y nos aboca a perpetuar las injusticias que están en la raíz de la criminalidad".

ALAT recuerda que la Junta de Andalucía tiene el deber de garantizar los derechos sociales de toda la población andaluza, así lo dice el Estatuto de Autonomía y la Ley de Servicios Sociales. Esto incluye el deber de trabajar por la reinserción social de las personas reclusas y ex reclusas las cuales, en su gran mayoría, provienen de entornos desestructurados y empobrecidos. Estas personas y sus familias son atendidas por multitud de entidades sociales que llevan a cabo programas de tratamiento de las adicciones, de rehabilitación psicológica, de prevención del VIH, de capacitación laboral o de intervención contra la violencia de género, como hace la propia Asociación Local de Ayuda al Toxicómano. De hecho, las adicciones afectan a un 70% de la población reclusa, los trastornos mentales graves a un 12%, el VIH a un 10%, el desempleo a un 84% y un 90% de las mujeres presas han sufrido violencia de género. Es decir, que las necesidades de intervención social y socio-sanitaria de las personas presas son muy elevadas, siendo uno de los colectivos de especial vulnerabilidad que más carencias presenta. El Defensor del Pueblo Andaluz ha recordado en su último Informe que la administración andaluza debe potenciar “los instrumentos oportunos que faciliten una adecuada reinserción social”, sin embargo,  estas entidades sociales  denuncian que la Junta de Andalucía ha recortado un 86,7% en subvenciones destinadas a la reinserción de las personas reclusas y ex reclusas.

ALAT y todas las asociaciones que forman la Federación ENLACE no solo denuncian el importante recorte sino  que exigen al gobierno andaluz que cumpla lo estipulado en la Ley de Servicios Sociales y el Estatuto de Andalucía garantizando los derechos sociales a las personas que más lo necesitan, incluyendo las personas reclusas y ex reclusas. Por ello, reclaman que se apueste por las políticas de reinserción mediante la asignación de la financiación al efecto.