No descubrimos nada si afirmamos que la pandemia provocada por el Covid-19 va a condicionar los Presupuestos Generales del Estado para el próximo año. Un presupuesto, entre cosas, no es más que un  cálculo tanto de recaudación como de gastos, y el coronavirus  no solo está atacando la salud de los habitantes del planeta, sino también la economía del mismo. La aparición del virus ha provocado que se recalculen ingresos y se prioricen los gastos en determinadas partidas. Y no solo en España.

Hasta ahora, el gobierno actual no ha sido capaz de aprobar un presupuesto porque no ha contado con el apoyo de la mayoría de grupos parlamentarios. Los presupuestos con los que “está trabajando” son los prorrogados del año 2018, aprobados por el Gobierno del PP. Este hecho está condicionando toda la política económica del Gobierno. Para poder sacar adelante algunas medidas, el Gobierno ha recurrido a los decretos. Pero estas actuaciones tienen sus límites, claro está. Si se gobernase solo a base de decretos, la Democracia perdería su sentido. Aunque, de momento, ha sido el  único medio de “navegar” por el “agitado mar” de la economía española por el rechazo a los presupuestos presentados para el 2019 por los grupos del Congreso (incluidos aquellos grupos que apoyaron al presidente Sánchez en su moción de censura a Mariano Rajoy).

El coronavirus se ha encargado de “puentear” los Presupuestos Generales del 2020, que ni siquiera fueron presentados y se continuó por la senda, otra vez, de la prórroga.

Para la aprobación de los presupuestos del año próximo, el Gobierno no solo tendrá que conseguir la aprobación por parte de la mayoría del Congreso sino lograr además el visto bueno de Bruselas del borrador de dicho presupuesto para poder recibir las ayudas europeas contra el coronavirus.

Las exigencias de la Unión Europea se han suavizado. Ante las exigencias de estabilidad presupuestaria, objetivo de déficit, elaboración de un plan para la reducción de la Deuda Pública y el techo de gasto de las cuentas públicas, se ha puesto el foco en el apartado 4 del artículo 135 de la Constitución que expresa que “los límites de déficit estructural y de volumen de deuda pública solo podrán superarse en caso de catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control del Estado y perjudiquen considerablemente la situación financiera o la sostenibilidad económica o social del Estado, apreciadas por la mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados”.

Nos ha tocado vivir una situación excepcional.  Si en momentos de nuestra Historia más reciente, las distintas ideologías políticas pudieron llegar a acuerdos para sacar adelante asuntos de interés general para la ciudadanía, en esta ocasión sería deseable que así fuera. Ocurrió así en la redacción de nuestra Constitución, donde se “apartaron” las ideas de los residuos del franquismo para aprobarla.

Ya que hemos hecho mención al artículo 135 de nuestra Constitución, hay que recordar que en el verano del 2011, PP y PSOE se pusieron de acuerdo para modificarlo porque así lo exigía Bruselas. Para “salvarnos” de la crisis financiera, la modificación de dicho artículo estableció en el texto el concepto de “estabilidad presupuestaria” y que el pago de la Deuda Pública fuese lo primero a pagar frente a cualquier otro gasto del Estado en los Presupuestos Generales sin enmienda o modificación posible.

Eso sí, para reflotar al sector bancario inyectando ingentes cantidades de dinero público se hubo de reducir importantes partidas de gastos: educación, sanidad, recorte de salarios a los empleados públicos, congelación de la pensiones, paralización de infraestructuras públicas... Las consecuencias de la modificación del 135 la sufrió directamente la ciudadanía. A pesar de la aplicación de medidas de austeridad, el fenómeno causa-efecto llevó a un considerablemente aumento de la Deuda Pública.

En las circunstancias actuales, las actuaciones tienen que ir dirigidas a vigorizar todo aquello que antes se obvió para salvar a la Banca. Ahora se trata de salvar a las personas con el dinero público, con el dinero de todos. El efecto de ello debería traducirse en la robustez de lo público, porque solo desde todos los ámbitos de lo público se encuentran las soluciones a las crisis tanto económicas como sanitarias así como a las medioambientales.