La campaña contra la 'okupación' ilegal de viviendas iniciada por el Partido Popular a nivel nacional, de hecho se debatirá mañana 15 de octubre en el Congreso de los Diputados a través de una Proposición No de Ley, estará también presente en el Ayuntamiento de Rota, ya que en el próximo pleno, el grupo municipal popular elevará esta misma propuesta con el fin de contar con el apoyo de la Corporación y que cada grupo político se retrate ante las okupaciones ilegales.

Para reforzar esta petición, que persigue medidas como que se pueda desalojar a un okupa en 12 horas o que la 'okupación' violenta se castigue con penas de cárcel de entre 1 a 3 años, entre otras,  esta mañana, aprovechando el trasiego de gente que suele favorecer la instalación del mercadillo de los miércoles, el presidente del PP local, Óscar Curtido, la portavoz del grupo, Auxiliadora Izquierdo, y la concejal Macarena Lorente, han estado acompañadas de la portavoz provincial, Carmen Sánchez, para recoger firmas e informar a los ciudadanos de esta propuesta que "defiende el derecho a la propiedad privada". 

Que se castigue la incitación de la 'okupación' con penas de cárcel de 3 meses a un año, que no se permita que los okupas puedan empadronarse en viviendas okupadas ilegalmente y defender la convivencia y la seguridad, son las otras tres medidas de las cinco que sustentan esta propuesta que, como ha explicado Macarena Lorente, que será la encargada de defenderla en el próximo pleno, es un problema de hace años que lejos de solucionarse, va a peor. En la actualidad, según los datos que maneja, hay 41 denuncias diarias de gente que ve cómo su vivienda ha sido okupada y un mínimo de 87.000 viviendas okupadas de forma ilegal en España, algo que se traduce, ha indicado, en dramas familiares de personas que ven cómo le han sido usurpadas sus propiedades.

Macarena Lorente ha dejado clara la posición del PP al respecto, pidiendo un endurecimiento de las normas que sancionen este tipo de delitos y que los desalojos de okupas se puedan hacer en un tiempo mucho menor al que se lleva a cabo ahora. Además, incluye en la propuesta que las comunidades de vecinos, que sufren los problemas de convivencia con los okupas, también puedan poner medios a su alcance para los desalojos. Se trata, en definitiva, de hacer que la justicia sea más dura con aquellos que toman como propio propiedades que no les pertenecen y que además, lo hagan aprovechando el vacío legal que existe en este asunto, como que un okupa pueda pedir empadronarse en una vivienda okupada, lo que dificulta actualmente el proceso de desalojo y con ello, el drama de quien ve usurpada su propiedad.

La moción, que se presentará en todos los ayuntamientos de España, forma parte de una ofensiva política para que el Gobierno central ponga pie en pared con medidas que acaben con esta lacra y que deje de ver la 'okupación' ilegal como algo social. Y es que según Carmen Sánchez, portavoz del PP a nivel provincial, pese a que partidos como  Unidas Podemos venden que las casas okupadas pertenecen a gente potentada, la realidad es otra, asegurando que el 96% de las viviendas okupadas pertenecen a gente normal, trabajadores que invirtieron sus ahorros en un inmueble que le generan ingresos para completar su economía. Además, tampoco cree el PP la cantinela de que los okupas son gente necesitada, más bien, ha dicho Sánchez,  son mafias que convierten estos pisos en puntos de venta de drogas, prostitución y generan mala convivencia entre vecinos. Por eso, ha dicho Carmen Sánchez,  hay que reforzar las medidas que ayuden a paliar la okupación ilegal y violenta porque "hay inseguridad jurídica".

La portavoz del PP pide al Gobierno "que es más bien es un desgobierno, no se preocupa de los problemas de los ciudadanos", y para ello, esta Proposición No de Ley debe ir acompañada de la colaboración de todas las instituciones, especialmente, ha indicado Carmen Sánchez, cuando un okupa pide empadronamiento en una casa okupada.

"No se puede mentir más a los ciudadanos", ha manifestado la portavoz provincial del PP insistiendo en que es necesario respetar el derecho a la propiedad privada. Cádiz es la séptima provincia de España en casos de 'okupación'. Por ello, esta propuesta irá a todos los ayuntamientos y al Congreso, aunque los populares ya auguran que tanto PSOE como Unidas Podemos la votarán en contra.