La delegada de Servicios Sociales, Luisa Fernández, ha denunciado desde la sede del PSOE el colapso que está sufriendo un servicio tan necesario para muchas personas como la ayuda a domicilio. Según ha explicado en rueda de prensa, los trámites, que dependen de la Junta de Andalucía, tardan casi año y medio y a veces, hasta dos años, en poder concluirse y por tanto, que el usuario cobre la ayuda o tenga derecho a la cobertura del servicio que se le asigne en función de su grado de dependencia. Una situación grave, ha explicado, que  está afectando a una parte vulnerable de la sociedad que necesita de cuidados y donde el Ayuntamiento de Rota, poco puede hacer a raíz de un decretazo del gobierno andaluz donde eliminan la primera intervención que dependían de los servicios sociales municipales.

Desde 2006 y hasta ahora, el Ayuntamiento de Rota se encargaba de recoger las solicitudes de los roteños que necesitaban acogerse a las ayudas de la Ley de Dependencia. Para ello, las trabajadoras sociales asumían la realización de unos informes previos que enviaban al gobierno andaluz, que era el que, dado que tiene las competencias, seguía con el expediente. Sin embargo, el nuevo gobierno de Juanma Moreno, ha explicado Luisa Fernández, ha eliminado ese paso previo de los ayuntamientos con un decretazo, de modo que es directamente la Junta la que pasará a recoger las solicitudes desde el principio, por lo que la concejal del PSOE y delegada de Servicios Sociales se pregunta, cuánto tiempo tardarán ahora los trámites, si antes que tenían ayuda de las administraciones municipales tardaban más de año y medio, ahora que no la tiene, mucho teme que será bastante más.

Actualmente, Rota cuenta con un total de 142 usuarios en dependencia, más 148 que se benefician de la ayuda a domicilio, a lo que habría que sumar 70 personas en lista de espera.

Desde el PSOE han lamentado este cambio de criterio del gobierno andaluz del PP y Ciudadanos, asegurando que es un nuevo palo a la Ley de Dependencia en la que los populares ya demostraron que no creían, ha dicho Luisa Fernández, cuando con Mariano Rajoy de presidente del Gobierno, y Juanma Moreno Bonilla de secretario de Asuntos Sociales, se eliminaron esas ayudas y se dejó en manos de las comunidades autónomas.  Ahora, con "la derecha" gobernando, la concejal socialista ha lamentado esta vuelta de tuerca que pone en una situación complicada servicios como la ayuda a domicilio.

Como ejemplo, ha referido que solo en 2019, el Ayuntamiento de Rota tramitó inicialmente 201 solicitudes que luego la Junta debía resolver. Pues a fecha de septiembre de 2020, según los datos del PSOE, ninguno de esos expedientes se ha finalizado, con lo que significa que tampoco sus solicitantes han obtenido la ayuda. Eso sin mencionar lo tramitado en 2020, que de momento, ni está ni se le espera.

Lo que es lamentable, ha manifestado Luisa Fernández, es que el gobierno andaluz eche la culpa a los ayuntamientos del colapso cuando en el caso de Rota, al menos, ha defendido, desde que alguien presentaba la solicitud de ayudas a la Ley de Dependencia, se tardaban cinco días en realizar el trámite y enviar el informe previo a la consejería para su tramitación.  A partir de ahí, comenzaba el "gran escollo", ya que según la concejal del PSOE, se tardaba unos seis meses en que la Junta hiciera la valoración inicial del solicitante y su grado de dependencia, otros cuatro meses para confirmar el grado de dependencia y la ayuda que le correspondía (bien ayuda a domicilio, plaza en un centro de día, residencia, teleasistencia, subvención para un cuidador...), y de ahí, cinco meses más para poder acceder a beneficiarse de la misma. Es decir, año y medio o dos años por solicitud por una "pésima" gestión de la Junta de Andalucía como ha mostrado en otros ámbitos, decía la concejal, refiriéndose a la sanidad o la educación.

Para la delegada de Servicios Sociales, es evidente la falta de compromiso de la Junta de Andalucía, del PP y Ciudadanos, con la Ley de Dependencia que con el nuevo decreto, donde ya los ayuntamientos no intervienen, está abocada al colapso o mucho peor, ha lamentado, a su desaparición. Un cambio de criterio que solo explica la socialista que puede deberse a la intención del gobierno andaluz de ocultar su "pésima gestión".