La Guardia Civil de Cádiz ha informado de la detención de un mariscador furtivo tras incautar más de 60 kilos de ortiguillas (anémona sulcata) vivas pescadas días atrás. Tras detención del autor, los agentes han devuelto a su hábitat natural las ortiguillas incautadas.

Al detenido se le imputa un delito contra la fauna y otro por quebrantamiento de condena que tenía en vigor y que le impedía realizar actividades relacionadas con la caza, pesca o marisqueo. Esta práctica ilegal de captura indiscriminada y su posterior comercialización sin ningún tipo de control sanitario pone en serio riesgo tanto la salud de las personas como la continuidad de las especies que tienen su hábitat en la costa gaditana, según la Guardia Civil.

Los hechos ocurrieron sobre la 13.00 del miércoles en la zona de Costa Ballena cuando los guardias civiles identificaron a una persona que finalizaba una inmersión de buceo. Tras comprobar que ésta persona tenía antecedentes relacionados con episodios de marisqueo furtivo, incluso una condena judicial que le impedía realiza actividades relacionadas con la caza, la pesca y el marisqueo, los guardias civiles inspeccionaron el maletero del turismo donde encontraron una bolsa oculta que contenía casi dos kilos de esta especie así como piezas de coral.

En las inmediaciones de la zona fueron localizadas dos redes en las que el detenido había ocultado al menos 60 kilogramos de ortiguillas, una especie que, tras mucho tiempo de captura indiscriminada y sin control alguno, ha terminado por ser muy rara en el litoral gaditano, y para cuya captura se necesita de una autorización de la Junta de Andalucía.

El objetivo de este decomiso persigue dos finalidades principales, según la Guardia Civil: la primera es luchar contra el furtivismo, que genera un grave perjuicio al ecosistema natural del medio marino, la segunda es la de evitar que llegue al consumo humano sin pasar los controles sanitarios establecidos, con el perjuicio que puede suponer su consumo por las personas que las adquieran fuera del comercio legal, sobre todo por la posible presencia de toxinas que pueden contener estas especies. Dicha labor policial es muy valorada por las asociaciones de mariscadores de Cádiz, ya que dicha práctica ilícita repercute de forma muy negativa en la economía de quien realiza esta actividad de forma legal, sujeto a unos cupos de capturas compatibles con la continuidad de las especies y teniendo que hacer frente a los pagos e impuestos de cualquier trabajador, por lo que actuaciones como esta ponen una vez más de manifiesto el compromiso de la Guardia Civil en la lucha contra la economía sumergida.