El juicio por el conocido como "caso de los convenios urbanísticos" que desde el pasado 2 de marzo se ha celebrado en la Audiencia Provincial de Cádiz, aunque con un parón de varios meses hasta julio por la pandemia del coronavirus, quedó ayer jueves visto para sentencia.

Tras varios meses de toma de declaraciones a testigos y acusados, se daba por finalizado este proceso judicial que comenzó con la denuncia por supuestas irregularidades en la firma de tres convenios urbanísticos  entre el Ayuntamiento de Rota, siendo alcalde Lorenzo Sánchez Alonso (Roteños Unidos) y delegada de Planeamiento Eva Corrales (Partido Popular), con la empresa constructora Felipe Castellano.

El miércoles 29 de julio, en la recta final de este proceso, tanto el Ministerio Fiscal como la acusación particular, ejercida por el PSOE, presentaron sus correspondientes informes, al igual que lo hizo la defensa del secretario municipal, haciendo lo mismo en el día de ayer  las defensas de los ex alcaldes Lorenzo Sánchez y Eva Corrales y el técnico de Urbanismo también imputado en la causa.

Peticiones de condena. Cuatro años y ocho meses de prisión para el ex alcalde Lorenzo Sánchez

Como ya se publicara por este mismo medio el pasado miércoles, el fiscal retiró su acusación contra cuatro acusados, el ex concejal del PP, Ismael Puyana, su esposa, la mujer de Lorenzo Sánchez y el supuesto testaferro del que fuera alcalde de Rota. Los cuatro quedaron al margen de este proceso judicial antes de su finalización,  al entenderse que no tenían conocimiento de las irregularidades de este caso.

No ha sido así para el ex regidor de Roteños Unidos ni para el constructor,  que en el escrito del fiscal se llevan la peor parte. 

En el caso del ex alcalde Lorenzo Sánchez Alonso, el Ministerio Fiscal le pide una condena de 4 años de cárcel por un delito continuado de cohecho pasivo, una multa de 1 millón de euros,  e inhabilitación especial para cargo público de 10 años. A esto habría que sumar la pena de 8 meses de cárcel más por un delito de falsedad, además del decomiso de  532.851 euros que fueron recibidos por Lorenzo Sánchez en concepto de dávida, más inhabilitación especial para cargo público de 12 años por delito continuado de prevaricación. En total, 4 años y 8 meses de cárcel, 22 años de inhabilitación para cargo público y 1,5 millones de euros.

Para la ex alcaldesa de Rota, Eva Corrales, aunque en este caso está juzgada por su cargo anterior como delegada de Planeamiento del Ayuntamiento de Rota, el fiscal pide 8 meses de cárcel por delito de falsedad y 12 años de inhabilitación especial para cargo público.  Hay que recordar que Eva Corrales ya pisó la prisión de Alcalá de Guadaira (Sevilla) el pasado marzo de 2019 por el "caso uniformes" aunque a los cuatro meses consiguió el tercer grado penitenciario y cumple condena en libertad.

En el caso del secretario municipal y del técnico de Urbanismo, el fiscal le pide a ambos  en concepto de cooperadores necesarios del delito continuado de prevaricación,  la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público de  9 años.

Junto al ex alcalde Lorenzo Sánchez, también sale mal parado en la petición del fiscal el constructor Felipe Castellano al que se le pide 4 años de cárcel y multa de 1 millón de euros por delito continuado de cohecho activo, inhabilitación especial para cargo o empleo público  de 5 años en concepto de  inductor o cooperador necesario del delito de prevaricación, y el pago de una indemnización de 1.655.279,35 euros al Ayuntamiento de Rota por la urbanización de las avenidas Mayeto y Carboneras.

La sentencia definitiva tardará algunos meses en conocerse. Con este, que sería el terce caso que se dirime en los tribunales por la pareja política de Eva Corrales y Lorenzo Sánchez, quedaría un cuarto caso, el del parking "La Merced", aún en proceso inicial y que fue precisamente, una pieza separada del caso de los convenios urbanísticos.

Caso de los convenios urbanísticos

Este caso se basa en la firma de tres convenios urbanísticos en los que los imputados obligaban a la Corporación local del Ayuntamiento de Rota a entregar una suma de dinero a las empresas de Felipe Castellano, normalmente procedente de subvenciones, para financiarle obras que debía asumir la Junta de Compensación, acordándose la devolución de las cantidades en otro convenio mediante la adjudicación de obras públicas sin licitación. De este modo, se adjudicaban a dedo obras en Rota "vulnerando la normativa e imponiendo al Ayuntamiento la ejecución o abono de obras que no le correspondían".

Se sostiene que estos convenios eran "promovidos por el entonces alcalde, Lorenzo Sánchez, y la delegada de planeamiento, Eva Corrales", contando con la colaboración del resto de imputados. Recalca que utilizaban los cargos que ocupaban para favorecer a este empresario local.

Felipe Castellano se beneficiaba de la adjudicación directa de obras públicas para sus empresas sin la necesidad de acudir a los procedimientos administrativos correspondientes y sin tener competencia y concurrencia en sus contrataciones con el Ayuntamiento. Y por otra parte, Lorenzo Sánchez también resultaba beneficiado al contratar las empresas de Felipe Castellano con las empresas del entorno del ex alcalde, principalmente con Pacheco Puyana, S.L., entre los años 2007 y 2011 llegando a facturar más de medio millón de euros en ese periodo.