Izquierda Unida y Podemos Rota han manifestado ambos su rechazo a que la Junta de Andalucía derive atenciones médicas a la sanidad privada. Según estos dos partidos, en plena crisis sanitaria cuando más hay que apoyar a la sanidad pública de calidad con mejores y más recursos para que los sanitarios puedan ejercer su labor sin verse desbordado como ha ocurrido con esta pandemia, es inconcebible que el gobierno andaluz  haya aprovechado esta situación para desviar especialidades que se realizaban con el Hospital Universitario de Puerto Real (como oftalmología o ginecología) al hospital privado “Santa María del Puerto” de la empresa “José Manuel Pascual Pascual S.A.”. Una medida esta que afectaría a 14 municipios de la Bahía de Cádiz, entre los que está Rota. Es decir, que del centro de salud de Rota, un paciente que necesite atención especializada, es probable que no sea derivado al Hospital de Puerto Real sino al de El Puerto de Santa María.

Ante esta decisión, tanto IU como Podemos manifiestan que PP y Ciudadanos demuestran "una vez más, que su gestión de la sanidad pública es nefasta, llevando a cabo desde el mes de abril numerosas firmas de convenios con hospitales privados que perjudican nuestro sistema de salud y benefician a las empresas que los gestionan".

Este, indican, es el inicio del desmantelamiento de la sanidad pública que pretende el PP como ya han hecho en Valencia o Madrid, algo ante lo que se muestran totalmente en contra  ya que entienden que con estos convenios, se va mermando poco a poco las capacidades del SAS, precisamente cuando más se necesita que se refuerce.

Según IU y Podemos, Rota es además, un caso paradigmático de este desmantelamiento de lo público, ya que "éramos uno de los pocos municipios en la provincia de Cádiz que manteníamos todas nuestras especialidades en conexión con los hospitales públicos de nuestra provincia (Puerto Real, Jerez y Sanlúcar), situación que ahora lamentablemente va a desaparecer", indican los dos concejales, Pedro Pablo Santamaría y Moisés Rodríguez.

Cabe recordar que ya desde Izquierda Unida  y Podemos Rota en moción conjunta, denunciaron el desmantelamiento que desde la Junta de Andalucía se estaba poniendo en marcha del Sistema de Salud en el debate que se mantuvo en el pleno del 30 de enero de este mismo año, en el que pedían a la Junta que acabara con los  conciertos y con toda vinculación con empresas sanitarias privadas con el fin de que la sanidad no se considere una mercancía o un negocio sino un derecho de todos. Un debate en el que tanto desde Ciudadanos como desde el PP se defendió la ampliación del gasto en Sanidad, una ampliación económica que, tal y como expusieron estos dos grupos en este pleno, "caería en manos privadas tal y como ahora se está comprobando con este cambio de las especialidades que dejarán de ser atendidas desde lo público a los roteños".

Por otro lado, según estos dos partidos, este cambio para los usuarios roteños podría conllevar un perjuicio para el propio servicio sanitario ya que los sistemas informáticos de intercomunicación del SAS no son compartidos por los hospitales privados y, por lo tanto, los datos de los pacientes a la hora de realizarse pruebas diagnósticas (radiografías, analíticas…) no serán conocidos por el hospital privado y por lo tanto, entienden ambas formaciones, se alargarán los procesos de reconocimiento y de atención duplicándose el número de pruebas, "para beneficio de la entidad privada" y en detrimento del paciente, que verá cómo se alarga la resolución del diagnóstico.

IU y Podemos aseguran que van a poner toda su maquinaria política local, provincial y autonómica para denunciar e intentar detener estos conciertos de algunas especialidades que en Rota quedará en manos a partir de esta semana de la empresa privada José Manuel Pascual Pascual S.A., el mayor holding sanitario andaluz. De igual forman, apuntan a que continuarán peleando en la calle y en las instituciones por defender los servicios públicos "frente a los ataques de la derecha neoliberal que quiere acabar con ellos poco a poco desde el gobierno de la Junta de Andalucía".