La Asociación de Empresarios, Comerciantes e Industriales de Rota (Aeciro) ha mostrado su preocupación por el futuro incierto que esta crisis sanitaria está creando para el tejido empresarial de la localidad y la economía en general. Son conscientes de que hay que anteponer la salud y luchar contra el coronavirus, pero no por ello dejan de estar preocupados por cómo soportar el mantenimiento de los costes de sus negocios durante el estado de alarma y sobre todo,  cómo será la vuelta a reanudar su actividad laboral.

Desde el principio, Aeciro ha informado a los empresarios, comerciantes e industriales roteños de las medidas que se tomaban por el Gobierno central y ha atendido las dudas que les hacían llegar autónomos y pymes, especialmente, relacionadas con qué negocios podían permanecer abiertos, y que a veces, reconoce la propia asociación, eran difíciles de responder por la indefinición legal y falta de concreción de la norma. Durante los primeros días se produjeron muchas denuncias por parte de los asociados poniendo de manifiesto las numerosas contradicciones que se daban entre distintos negocios, ya que la Policía actuaba siguiendo diferentes criterios que generaban mucha incertidumbre entre los empresarios locales.

Si bien es cierto que se han reducido los trámites para solicitar la regulación temporal de empleo, es decir, los expedientes de suspensión y reducción temporal de jornadas de los sectores afectados por la paralización o reducción de la actividad empresarial, también es cierto que se han venido generando muchas dudas sobre si el cese en la actividad era motivado por fuerza mayor (los obligados a cesar por el decreto de alarma) o por causas económicas organizativas o de producción relacionadas con el Covid-19. La diferencia entre uno y otro tipo de expediente de regulación temporal de empleo, radica en que los que no son considerados de fuerza mayor son menos ventajosos por 3 causas fundamentales. En primer lugar, en el procedimiento más complejo a la hora de gestionarlo; en segundo lugar, por la imposibilidad de aplicarlo con efectos retroactivos al momento de la paralización de la actividad; y la tercera y más importante, es que las empresas en estos casos no se verán exoneradas del pago de las cotizaciones empresariales de sus trabajadores durante la vigencia del ERTE. Disyuntiva esta que ha provocado innumerables dudas e incertidumbres a las empresas a la hora de tramitar el ERTE por una u otra vía, por la inseguridad jurídica que provoca la norma y las importantes consecuencias que conlleva una elección errónea del procedimiento a aplicar.  Según Aeciro, hubiera sido más fácil que ambos expedientes contaran con la exoneración de cuotas de Seguridad Social, ya que el problema es común: falta de actividad económica por la pandemia.

Según Aeciro, el principal problema que se suma a toda esta casuística es que las empresas que se acojan a estas medidas, en principio temporales, se verán obligadas a mantener la plantilla de los trabajadores durante 6 meses una vez se levante el estado de alarma, y esta es una circunstancia que preocupa porque existe mucha incertidumbre sobre cómo arrancará la actividad, si serán capaces de cumplir con los compromisos ya que el negocio dependeré de cómo vaya arrancando.

Por eso, ante tal imposición legal, los empresarios y comerciantes roteños se preguntan cómo será la vuelta al trabajo tras el estado de alarma, ya que se habla de que el levantamiento de las prohibiciones no será completo sino paulatino, la economía necesitará un largo período de adaptación y los consumidores tendrán que ir incrementando gradualmente sus niveles de confianza, para poder desarrollar sus vidas como lo venían haciendo antes.

Aeciro recuerda que el tejido empresarial e industrial de la localidad, como en el resto de España, está compuesto en su gran mayoría por pymes, micro pymes y autónomos.  Los empresarios y autónomos van a tener que asumir un alto coste fijo durante la suspensión de la actividad, sin producir nada o casi nada en la mayoría de los casos, como préstamos, suministros, alquileres, hipotecas, cotizaciones, avales, proveedores, etc.

Necesidad de que se fijen de forma más claras las medidas que se toman por el Gobierno

La situación además es cambiante y precisamente ayer, el presidente del Gobierno volvió a poner sobre la medsa nuevas medidas como prohibir los despidos por causas objetivas, y la suspensión de los contratos temporales durante los ERTES, lo que obliga a mantener la plantilla de trabajadores fijos y temporales con la que contaban las empresas antes de esta profunda crisis sanitaria con elevada repercusión económica.

Por otro lado, se anunció la paralización total de todas las actividades no esenciales, conllevando además la concesión obligatoria a los empleados de un permiso retribuido recuperable a posteriori. Medida esta que tampoco ha gustado a las pequeñas empresas locales que no tienen una economía fuerte como para asumir costes salariales sin generar ingresos.  Una decisión que viene a aumentar la incertidumbre nuevamente sobre quién se puede considerar esencial y quién no, ya que la casuística es muy variada.  De hecho, la pregunta de hoy es si el lunes podrán ir a trabajar o no.

A eso, continúa Aeciro en su exposición sobre cómo está afectando a los empresarios locales toda la situación provocada por el coronavirus, se suma la imposibilidad en muchos casos de autónomos que no pueden pedir la prestación por cese de actividad, teniendo que seguir abonando sus cuotas de Seguridad Social y manteniendo costes que no hacen más que incrementar el nivel de pérdidas de sus negocios.

Aunque los trabajadores sean una prioridad en las empresas, el mantenimiento de los puestos de trabajo depende en gran medida de la capacidad que tenga el sector empresarial de mantener la actividad y gestionar los recursos financieros de que dispone. Crisis como la del 2008 en las que las medidas llegaron demasiado tarde para muchas empresas, son un ejemplo claro de lo que no hay que hacer.

Desde Aeciro hacen un llamamiento a las administraciones para que se tomen medidas paralelas a las de confinamiento, para que el tejido empresarial no se hunda, y los efectos colaterales de la pandemia sean los mínimos de cara a las empresas y a sus trabajadores.  

La asociación que representa a autónomos y pymes, necesitan que se definan mejor las medidas laborales adoptadas, aplazamiento y fraccionamiento de impuestos, flexibilidad en la adaptación de ERTES, exoneración total de cuotas a todas las empresas afectadas, suspensión de cuotas de autónomos, flexibilización en relaciones laborales, moratoria de hipotecas, flexibilidad crediticia, reducción de tasas e impuestos municipales y ayudas directas a empresas afectadas por la paralización.

Según Aeciro, la situación actual supone una inseguridad jurídica a futuro, que haría temblar la columna vertebral de las empresas locales y, por lo tanto, de los empleados, que en algunos casos todavía vislumbran los efectos de la crisis del 2008. "Si esta crisis es de todos, nos tendrán que ayudar a todos", han concluido desde la entidad.