Mañana martes, 26 de noviembre, estaba previsto el inicio del juicio que por tercera vez iba a sentar en el banquillo de los acusados a los ex alcaldes de Rota, Eva Corrales (PP) y Lorenzo Sánchez (Roteños Unidos), pero finalmente, esta mañana se ha comunicado su aplazamiento hasta nueva fecha, aún sin concretar.

En este caso, los dos ex regidores, que fueron pareja política durante tres legislaturas, desde 2003 a 2015, tendrán que responder ante el juez por el llamado "caso de los convenios urbanísticos" por el que se investigan supuestas irregularidades en la firma de tres convenios urbanísticos en el Ayuntamiento de Rota, en la época en la que era alcalde Lorenzo Sánchez Alonso, y delegada de Planeamiento, Eva Corrales.

La cita en la Audiencia Provincial de Cádiz que queda ahora en el aire hasta nueva fecha, sentará a declarar a los dos máximos responsables del Ayuntamiento de Rota en aquellos años, además de al empresario Felipe Castellano,  quien supuestamente se beneficiaba de los contratos urbanísticos adjudicados a dedo a cambio de que este comprara diverso material de construcción y equipos de protección en las empresas de Lorenzo Sánchez. También va como acusado el ex concejal del PP, Ismael Puyana, relacionado con empresas del ex alcalde que se beneficiaban de estos convenios supuestamente irregulares, el secretario municipal y un técnico municipal, ambos por firmar informes favorables. Además, están acusadas las esposas de Lorenzo Sánchez e Ismael Puyana, que figuraban en las empresas del ex alcalde,  y el supuesto testaferro del ex regidor roteño, también relacionado con las empresas del que entonces era líder del partido independiente. 

A falta de celebrarse la vista oral por estos convenios urbanísticos irregulares, la Fiscalía pide en su escrito de acusación  para Lorenzo Sánchez Alonso una pena de 4 años de cárcel por un supuesto delito de cohecho pasivo, multa de 1 millón de euros,  y 22 años de inhabilitación especial para cargo público (12 por un presunto delito continuado de prevaricación y 10 años por cohecho pasivo). Se le interesa además, decomiso de 532.851 euros  que fueron recibidos por Lorenzo Sánchez en concepto de dádiva.  Hay que recordar que por el juicio del "caso uniformes", el ex regidor tiene ya una condena de 1 año y medio de cárcel.

Pena similar se pide para el empresario Felipe Castellano. Por un delito continuado de cohecho activo se solicitan 4 años de prisión, 1 millón de euros de multa y 5 años de  inhabilitación especial para cargo público. Además, Felipe Castellano deberá indeminizar  al Ayuntamiento de Rota en la cantidad de 1.655.279,35 euros.

Para el resto de acusados, las penas son: al ex concejal del PP, Ismael Puyana, a su mujer, a la esposa de Lorenzo Sánchez y al supuesto hombre de paja del ex alcalde, el fiscal solicita  como responsables en concepto de cómplices en un delito continuado de cohecho pasivo, 1 año y 6 meses de cárcel, multa de 532.851 euros  e inhabilitación especial para cargo público  de 5 años.

Para la que fuera delegada de Planeamiento, Eva Corrales, se pide  como responsable de delito continuado de prevaricación en concepto de  autora, la inhabilitación especial para cargo público de 12 años. Hay que recordar que hasta ahora de los dos procedimientos judiciales, ella ha sido la más peor parada ya que ha llegado a pisar la cárcel durante cuatro meses por el conocido como "caso horas extras". En verano consiguió el tercer grado que la mantiene en libertad, pero ahora tendrá que volver al banquillo aunque sin petición de cárcel, solo de inhabilitación para cargo público.

Para los otros dos acusados, el secretario municipal y el técnico municipal que emitieron informes favorables encubriendo las adjudicaciones a dedo de los convenios urbanísticos, la Fiscalía pide 9 años de inhabilitación  como cooperadores necesarios de un delito continuado de prevaricación.

Los dos ex dirigentes políticos están actualmente apartados de la políitica. Eva Corrales dimitió en 2015 cuando se ratificó por el Tribunal Supremo su pena de cuatro años de cárcel por el "caso Horas Extras", y Lorenzo Sánchez Alonso fue expulsado por el pleno municipal en enero de 2017 a raíz de su condena por el "caso Uniformes" donde tuvo pena de año y medio de cárcel y 13 años  de inhabilitación para cargo público.

Ahora volverán a sentarse como acusados por tercera vez aunque no será la última, también está pendiente el juicio por la pieza separada de este mismo caso relacionada con la construcción del parking público "La Merced".