LEY FRANQUISTA DE RESPONSABILIDADES POLÍTICAS

España es el segundo país del mundo en número de desaparecidos. Se habla de cerca de ciento cincuenta mil personas desaparecidas víctimas de  la guerra civil y la posterior represión franquista. Sin duda, una de las asignaturas pendientes de nuestra democracia es la de no haber cerrado de forma contundente los lazos con la dictadura.

Los desaparecidos son la parte más dramática de toda la represión. Pero hay otros temas que
también han impedido que se profundice en  las acciones llevadas a cabo por los fascistas durante los cuarenta años que duró la dictadura.

Los familiares de los asesinados y encarcelados también sufrieron las consecuencias de toda la represión fascista. Al final de la guerra civil, el primer gobierno de la dictadura franquista promulgó la Ley de Responsabilidades Políticas. Esta se aplicaba no solo a aquellas personas que hubiesen participado en la contienda a favor de la legitimidad de la República, sino a todos aquellos que hubieran prestado su apoyo al bando republicano, incluso sin participar en hecho de armas. La aplicación de esta norma franquista llevó a muchos funcionarios (una mayor parte de maestros) a su inhabilitación total. Se trató también de castigos y sanciones económicas que consistieron en el embargo de bienes y patrimonio de los represaliados. De esta forma, muchas propiedades pasaron a manos de los franquistas y sus adeptos.

Por eso, no es de extrañar que todavía existan hilos que unen a gran parte de la derecha ideológica con el franquismo. Muchos habrán heredado  bienes que fueron incautados a familias republicanas por sus antepasados y que, por tanto, no les interesa hurgar en el pasado de sus patrimonios y de cómo fueron conseguidos. ¡A saber si buena parte de los contrarios locales a la aplicación de la Ley de Memoria Democrática tienen asuntos que ocultar! ¡Quién sabe si los filofascistas que comentan en este medio han adquirido su patrimonio por el apoyo de ellos mismos o de sus antepasados al régimen dictatorial!

Con la promulgación de esta Ley, los franquistas intentaron dar un carácter legal a sus fechorías. Aunque la mayoría de las sanciones aplicadas por esta Ley fueron entre 1939 y 1945, esta se aplicó hasta 1969, pasado treinta años de la guerra civil. De todas formas,  las inhabilitaciones y prohibiciones fijadas en ella, estuvieron vigentes contra los españoles que optaron por el exilio hasta 1975.
Las represalias sufridas por el bando republicano son de algún modo el contrapeso a las recompensas dadas a aquellos españoles que habían apoyado a los golpistas.

La Ley de Amnistía de 1977, analizada desde la perspectiva de  los años de trayectoria democrática, vino como anillo al dedo a los franquistas. Incluía la amnistía de los presos políticos, es verdad, pero también cerró toda posibilidad a indagar e investigar la masacre y los actos de lesa humanidad cometidos por los franquistas. Muchas cosas quedan pues por aclarar. Sobre todo cuando empieza a resurgir  movimientos que intentan justificar los cuarenta años de dictadura dotándolos de un halo de eficacia. Nada dicen de que en las obras públicas y privadas de aquella época se utilizaba gran parte de mano de obra de los prisioneros apiñados en los campos de concentración y en las cárceles de régimen de un modo esclavista.
Salud.