El PSOE entiende que Lorenzo Sánchez y Eva Corrales, así como sus respectivos partidos, PP y Roteños Unidos, deben pedir perdón a los ciudadanos

El Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia dictada a finales de 2016 por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Cádiz en el conocido como "caso uniformes" que condenaba principalmente al ex alcalde de Roteños Unidos, Lorenzo Sánchez Alonso, a año y medio de cárcel más 3 años de inhabilitación por un delito de negociaciones prohibidas, además de 10 años de inhabilitación por un delito de prevaricación. Los cinco magistrados del Supremo han desestimado por tanto, los recursos formalizados por los condenados.

Según el actual  primer teniente de alcalde y abogado del PSOE, Daniel Manrique de Lara, que actuó como acusación particular en este proceso, "es una sentencia clarísima que pone de manifiesto que existen abundantes pruebas para llegar a la conclusión de que Lorenzo Sánchez creó un grupo  empresarial oculto tras una empresa fantasma en la que puso a un testaferro  con una única finalidad, que era formalizar contratos ilegales con el Ayuntamiento de Rota y la empresa municipal Aremsa con el único objetivo de enriquecerse personalmente". La misma sentencia deja claro que en esta estrategia el ex alcalde independiente contó con la complicidad de Eva Corrales "que siendo conocedora de todo lo que estaba ocurriendo, ayudó a Lorenzo Sánchez a  conseguir un suculento contrato con cargo a la empresa municipal".

Así de claro habla el socialista basándose en la decisión del Tribunal Supremo que confirma todas las penas de cárcel e inhabilitación para el ex alcalde, la ex alcaldesa Eva Corrales, el ex concejal del PP, Ismael Puyana, su esposa Sonia Rodríguez,  la mujer de Lorenzo Sánchez, Rosario Pacheco,  y el testaferro Isidro Martín.

Para Daniel Manrique de Lara la sentencia, que es firme, "desenmascara a estos dos dirigentes políticos" recordándoles que pese a que se han llevado seis años desde que se inició la instrucción del "caso uniformes" defendiéndose con el argumento de que "todo era un invento del PSOE", han vuelto a ser condenados como culpables como ratifica el Tribunal Supremo de Justicia. 

El PSOE, como acusación particular en este proceso, cree que queda suficientemente claro que tanto Lorenzo Sánchez como Eva Corrales "han faltado el respeto a los roteños" y los acusa de "haber convertido la corrupción en la seña de identidad de los gobiernos pasados". Por ello, les ha pedido que pidan perdón a la ciudadanía y no sólo los dos acusados con mayor responsabilidad política durante 12 años en el Ayuntamiento de Rota, sino a sus respectivos partidos, PP y Roteños Unidos, por haberlos mantenido al frente del gobierno municipal.

Hoy, ambos están retirados de la vida pública y política. Eva Corrales lo hizo tras conocer la ratificación de la sentencia por el anterior caso por el que tiene condena, el "caso horas extras" en mayo de 2015, y a Lorenzo Sánchez lo echó el pleno municipal a principios de 2017 tras conocerse precisamente esta sentencia del "caso uniformes" ahora ratificada por el Supremo.

Las sentencias que en su día dictó la Audiencia Provincial de Cádiz y que ahora se confirman son 1 año y 6 meses de cárcel más 3 años de inhabilitación por un delito de negociaciones prohibidas, además de 10 años de inhabilitación por un delito de prevaricación y una multa económica por el delito de negociaciones prohibidas de 8 euros al día durante 20 meses para Lorenzo Sánchez. En su condición de concejales y miembros de la junta de gobierno de entonces donde se aprobaban los contratos con las empresas del ex alcalde, Eva Corrales tiene una pena de 7 años de inhabilitación y Jesús Corrales (ex concejal de Roteños Unidos), 8 años y 6 meses de inhabilitación por un delito de prevaricación. Eva Corrales sigue a la espera de saber si consigue el indulto por el "caso horas extras" que la condenó a 4 años y medio de cárcel y varios de inhabilitación.

Rosario Pacheco, mujer de Lorenzo Sánchez, e Isidro Martín-Bejarano, considerado hombre de paja del ex alcalde, fueron condenados a 1 año de cárcel y 2 años de inhabilitación por un delito de negociaciones prohibidas, y a 7 años de inhabilitación por prevaricación. También tienen multa económica de 8 euros al día durante 14 meses.

El ex concejal del PP y funcionario municipal Ismael Puyana y su esposa Sonia Rodríguez, fueron condenados por un delito de prevaricación a 6 años de inhabilitación.