El gobierno municipal actúa ante la okupación ilegal de dos familias en viviendas de titularidad municipal

En la sesión plenaria de ayer jueves, dos puntos estaban relacionados con el desalojo de dos familias que okuparon de forma ilegal dos viviendas de titularidad municipal, situadas en el Bulevar Nuestra Señora de Guadalupe. Ayer, tras la firma del decreto del alcalde de Rota de iniciar en noviembre de 2017 los trámites necesarios para llevar a cabo el desahucio de estas personas que entraron por la fuerza en una vivienda sin respetar las normas y saltándose la lista del Registro Municipal de Demandantes de una Vivienda en Alquiler, se elevaba a pleno. En realidad eran dos puntos aunque se debatieron de forma conjunta: por un lado, resolver el procedimiento de desahucio de una de las viviendas okupadas, y por otro, iniciar el  procedimiento de desahucio para la otra.

El debate, que debía poner de acuerdo a todos los miembros de la Corporación municipal sobre estos dos desahucios impulsados por el Ayuntamiento de Rota al tratarse de viviendas municipales, no consiguió la unanimidad de todos los grupos ya que Roteños Unidos prefirió abstenerse. El PP puso en duda el procedimiento aunque acabó dando el voto a favor no sin antes criticar la actuación de la delegada de Servicios Sociales, Lourdes Couñago, que defendió esta acción y la convicción de que las dos familias okupas no se quedaban sin alternativa habitacional tras el desahucio, pero que fue acusada por los populares de ser la primera delegada de Servicios Sociales en impulsar un desalojo.

En duda la declaración de Rota Municipio Libre de Desahucio

Lo que en realidad se puso sobre a mesa en las intervenciones de los dos grupos de la oposición que fueron más críticos con el gobierno local, fue que Rota se declaró por unanimidad en el pleno de octubre de 2015 como Municipio Libre de Desahucios, algo que ni Roteños Unidos ni PP entendían si ahora el propio gobierno impulsaba el desahucio. Tanto el portavoz del PSOE, Daniel Manrique de Lara, como la portavoz de Izquierda Unida y delegada de Servicios Sociales, defendieron que ser Municipio Libre de Desahucios era no permitir que ninguna familia se quedara en la calle ante la falta de vivienda, poniendo a su disposición las ayudas correspondientes, pero en ningún caso, dejar que okupas se saltaran las normas y pasaran a okupar viviendas que en este caso, cuentan con una lista de espera de 250 personas que llevan pacientemente esperando poder entrar en un sorteo para su adjudicación.

Lourdes Couñago quiso ser clara con respecto a las medidas aprobadas por el gobierno del PSOE e IU con respecto a las ayudas sociales, del alquiler y de emergencia para facilitar que el dinero llegue a quien lo necesita, cambiando requisitos que facilitaban el acceso, etc., pero la oposición entendió que si se había llegado a proponer dos desahucios sobre la mesa, algo había fallado en el procedimiento.

Lourdes Couñago resumió que fue a raíz del seguimiento exhaustivo que se propuso el gobierno local sobre las viviendas sociales de su propiedad, cuando se detectó que había dos familias okupas en domicilios que tendrían que salir a sorteo para personas necesitadas. Un informe de la Policía Local lo detectó y se actuó en consecuencia, en este caso, firmando un decreto el alcalde para iniciar el procedimiento de desahucio. Pese a la notificación a las familias okupas de que tenían 15 días para desalojar las viviendas, y ante la inacción de ambas, el gobierno ha decidido elevar a pleno y resolver el expediente dando un nuevo plazo de 8 días para el desalojo o en caso contrario, actuarían las fuerzas del orden para echarlos de las casas okupadas ilegalmente.

El gobierno defiende el desahucio por tratarse de personas que okuparon la vivienda ilegalmente

Esta era la propuesta del punto 8 del orden del día a la que seguía la propuesta 9 que planteaba actuar en las mismas condiciones con la otra familia. La delegada de Servicios Sociales, ante la duda del concejal de Sí se Puede Rota, Moisés Rodríguez, sobre la alternativa habitacional para esas personas, dejó claro que ambas tienen recursos y que tienen un lugar para vivir, aunque lógicamente, no se dieron datos en la sesión plenaria. El convencimiento de Lourdes Couñago de que los okupas no quedan desamparados ante esta acción del gobierno local, da tranquilidad al procedimiento defendido por la concejal de Izquierda Unida que en todo caso puso a disposición de las familias las diferentes ayudas que el Ayuntamiento ofrece para poder cubrir aquellos gastos que realmente no puedan pagar por sí solos (ayudas al alquiler, ayudas de emergencia, ayudas a la inserción social...), solicitándoles a las dos familias okupas que desalojen las viviendas del Bulevar Nuestra Señora de Guadalupe por sí solos para evitar un desahucio forzoso, y acudan a los Servicios Sociales para ver su situación.

Lourdes Couñago recordó que ser Municipio Libre de Desahucios no es permitir que gente por la fuerza dé la patada en la puerta y ocupe una vivienda. Ante las críticas de PP y Roteños Unidos, defendió que el Ayuntamiento si realmente lanzara desahucios, actuaría contra aquellos inquilinos que acumulan hasta 20.000 euros de deuda por no haber pagado jamás la mínima renta de alquiler que se exige para estas viviendas y que son poco más de 100 euros.  En este caso actúan, insistía, porque es una ocupación ilegal, saltándose toda norma.

Roteños Unidos y PP creen que algo en el procedimiento ha fallado

Sin embargo, Roteños Unidos, a través de su portavoz, puso en duda esta actuación asegurando que "aunque se puede justificar de mil maneras", la realidad es que el pleno estaba poniendo sobre la mesa dos desahucios pese a que el octubre de 2015 se declaró a Rota Municipio Libre de Desahucios. Eso quiere decir, según la independiente, que "algo está fallando" instando a la delegada de Servicios Sociales a que pongan en marcha todas aquellas medidas que incluía ser Municipio Libre de Desahucios para no llegar a esta situación. Medidas, decía, como ese control exhaustivo de las viviendas municipales que ahora se han okupado. Una intervención que Lourdes Couñago respondió que es precisamente por ese seguimiento por el que han detectado a los okupas.

Dado que el PP intervino en el mismo tono, poniendo en duda  la efectividad de haberse declarado Municipio Libre de Desahucios si el Ayuntamiento impulsaba dos de ellos, la delegada de Servicios Sociales atacó a los dos grupos que formaron gobierno durante 12 año denunciando que ambos cometieron irregularidades con las viviendas sociales favoreciendo a determinadas personas a cambio de voluntades.

Sin embargo, Óscar Curtido, portavoz popular, insistía en que aquella declaración fue sólo una intención sobre el papel a juzgar por las propuestas que se elevaban a pleno sobre estos dos desalojos. Aunque entendía que no se podía dar cobertura a personas que okupan ilegalmente una vivienda, afeó al gobierno local no haber actuado antes para evitar el desahucio máxime, indicaba,  cuando entre las dos familias de okupas hay 3 menores a los que aquel manifiesto de Municipio Libre de Desahucios protegía especialmente. El PP dudó además de que el decreto del alcalde sobre este procedimiento se hubiera querido esconder intencionadamente, algo que el portavoz del PSOE, Daniel Manrique, desmintió asegurando que se dio cuenta en el pleno posterior a la firma del mismo y que quizás es el PP el que no se lee las actas.

El PSOE defiende "los arrestos" de la delegada de Servicios Sociales y critica que el anterior gobierno usara las viviendas sociales "para comprar voluntades"

El socialista, ante la actitud de los grupos de la oposición de PP y Roteños Unidos, agradeció a la delegada de Servicios Sociales tener "los arrestos suficientes" para poner orden en el asunto de las viviendas sociales recordando Daniel Manrique de Lara a populares e independientes, que está probado la gestión que hicieron en este ámbito cuando ambos gobernaban "utilizando las viviendas sociales como compra de voluntades". En este sentido, sacó a relucir tanto él como Lourdes Couñago en su posterior intervención, que PP y Roteños Undidos dieron 50.000 euros del dinero público a dos familias para la entrada de una casa, que se firmaron cheques sin justificación alguna a 3 familias para que abandonaran sus viviendas, que se adjudicaron viviendas vacías saltándose el orden de la lista de demandantes de viviendas, que se mantuvieran a personas en estos domicilios aún cuando tenían ingresos y no pagaban ni un céntimo del alquiler... Todas estas situaciones "irregulares" decía Daniel Manrique, son con las que se está acabando gracias al empuje de la actual delegada de Servicios Sociales a la que aunque el PP ponía como la primera en impulsar desahucios, el socialista defendió como la única con arrestos para afrontar delicadas situaciones.

Desde el gobierno local quisieron dejar claro tras el debate que Rota sigue siendo Municipio Libre de Desahucios y que se seguirá amparando a personas que por falta de recursos no pueden pagar su alquiler o hipoteca y se enfrentan a un desahucio evitando que estos queden en la calle, pero no se quedarán de brazos cruzados cuando los afectados sean okupas que se saltan las normas. Para el PP, es lógico que se actúe contra quienes entran a la fuerza en una casa pero dudó de la efectividad de la gestión municipal, igual que Roteños Unidos.

Fue el alcalde de Rota, Javier Ruiz, el que cerró el turno de intervenciones manifestando que era una cuestión delicada y que siempre pondrían por delante los derechos de las personas que necesitan una vivienda y cumplen legalmente con la espera, frente a los que se saltan la legalidad. El regidor deseó que las dos viviendas fruto de los procedimientos de desahucios aprobados por mayoría (con la abstención de Roteños Unidos), estén pronto habitadas por personas que lo necesitan y los okupas se vayan por las buenas en un plazo de 8 días pata evitar una intervención forzosa.