Izquierda Unida reclamará al pleno de la Diputación de Cádiz  que exija al Gobierno central “una actitud más firme” respecto a las autoridades norteamericanas en el conflicto laboral que sufren los trabajadores del aeropuerto de la Base Naval de Rota, que mantienen un encierro desde el pasado 23 de diciembre ante los despidos y sanciones por parte de la concesionaria del servicio, Louis Berger Aircraft Services, Inc (LBAS). La moción de IU deja patente el “apoyo y solidaridad” del pleno a toda la plantilla del aeropuerto “en su lucha por la dignidad y contra el despido de trabajadores”.

Asimismo, insta a la ministra de Defensa y al ministro de Asuntos Exteriores a “que intervenga en este conflicto” y “denuncie el incumplimiento de los acuerdos del convenio bilateral suscrito entre EEUU y el Gobierno central para la actividad de las bases en nuestro país”.

El diputado provincial de IU, Antonio Alba, ha afirmado que “este no es un conflicto laboral más, sino que pone en entredicho la soberanía nacional y va a determinar si España es un país soberano o va a seguir tolerando los desmanes de empresas instaladas en nuestro país, que incumplen sistemáticamente los derechos laborales de los trabajadores, las leyes españolas o la propia Constitución”. El diputado de IU afirma que “la Constitución queda en entredicho al ser vulnerado el derecho a la huelga, recurrido por la suplantación de huelguistas por parte de la Marina de los EEUU, hecho este que el Gobierno conoce perfectamente y está permitiendo; a las empresas españolas no se les permite suplantar a los huelguistas y en este caso, sí se permite que sean militares de los EEUU quienes suplanten a trabajadores españoles de la Base Naval de Rota”.

En la moción registrada, Alba recuerda que esta última movilización de los trabajadores del aeropuerto de la Base de Rota es la tercera huelga que realizan en el transcurso de un año, y apunta que al igual que en anteriores, “la Subdelegación del Gobierno en Cádiz los ha relegado a lugares poco visibles o donde pudieran hacer poco ruido”, además de haberse decretado “unos servicios mínimos que el comité de empresa y las centrales sindicales CCOO y UGT han rechazado y recurrido ante los tribunales por considerarlos excesivos y abusivos”.

El diputado de IU denuncia el uso de “despidos a la carta” que está llevando a cabo LBAS, así como “sanciones indiscriminadas, entre ellas, a miembros del comité de empresa”, lo que ha provocado, según critica, “un clima de trabajo tenso y asfixiante”. Por otra parte, alude Alba a las resoluciones favorables emitidas por la Inspección de Trabajo ante denuncias de los trabajadores o sentencias del Juzgado de lo Social de Jerez contra varios despidos, calificados como improcedentes. “Pese a ello, la empresa continúa imponiendo sanciones disciplinarias sin empleo y sueldo y despidos, con el fin de quebrantar la voluntad de los trabajadores y de hacer valer sus derechos laborales”, puntualiza.

El dirigente provincial de IU considera que el Ministerio de Defensa y de Asuntos Exteriores “deben reaccionar y no pueden lavarse las manos esgrimiendo que no son competentes en la legislación laboral, porque si esta situación se diera en otro país europeo, la empresa ya hubiera sido expulsada y reemplazada por otra que cumpliera las leyes”. Sin embargo, añade Alba, que “mientras la empresa norteamericana incumple las leyes españolas, el Gobierno de la nación mira para otro lado y los trabajadores españoles de la Base Naval de Rota son pisoteados laboralmente”.