El caso del roteño Rafael Romero Gamero, que cuenta con una sentencia firme a su favor, contra la que no cabe recurso, después de haber sido despedido de su puesto en la Base Naval de Rota, llegará al Congreso de los Diputados el próximo 7 de noviembre. Será ante la Comisión de Defensa, delante de los diputados que representan a los españoles, donde miembros del Comité de Empresa de Personal Laboral Local de la Base Naval de Rota pedirán explicaciones a la ministra de Defensa sobre por qué la administración española permite que la administración americana no cumpla una sentencia firme emitida por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

De esta forma explicarán la situación que vive este roteño que fue despedido hace unos tres años de su puesto de trabajo en la "Pizzería Villa"  y que con sentencias firmes a su favor, aún está a la espera de que, como dicta el TSJA, la administración americana lo readmita en su puesto de trabajo.  Una sentencia que el gobierno de EEUU ha dicho por escrito que se niega a acatar y que el gobierno español, al parecer tal y como van desarrollándose los hechos, tampoco le obliga a cumplir. Esta postura es entendida por parte del comité de empresa de la Base como un "intencionado desacato" que además está penado en el Código Penal. Por eso, en su visita a Madrid, el representante sindical de Rafael Romero Gamero y miembros del comité insistirán en saber si hay algún tipo de motivo por el que se pueda permitir que el gobierno americano no cumpla las leyes españolas en España.

Lo nuevo de este caso, del que ya se hizo eco Rotaaldia.com el pasado 30 de junio de 2017 cuando se había cumplido el plazo de cinco días que se daba a la administración americana para readmitir al trabajador como dictaba la sentencia, es que para zanjar el conflicto y viendo la postura de la parte americana, la administración española propone al trabajador ser recolocado pasando a estar contratado como personal del Ministerio de Defensa. Una alternativa que se ha hecho llegar al interesado esta semana y que  el comité de empresa no ve viable en absoluto por varias cuestiones, pero fundamentalmente, porque se estaría obviando que el mando militar de la Base cumpla con una sentencia contra la que no cabe recurso.

La posibilidad que plantea el Ministerio de Defensa de reubicación para Rafael Romero es para el comité de la Base de "muy dudosa legalidad", y además,  el trabajador pasa a tener peores condiciones laborales (menor base de cotización, complementos,...). Tampoco están dispuestos a sentar un precedente en el que los americanos puedan saltarse las leyes españolas sin problema y que el Gobierno de España no ejerza su soberanía.

A la espera de nuevos acontecimientos, lo que está claro es que ni Rafael Romero ni el Comité de Empresa del Personal Laboral Local de la Base Naval de Rota están dispuestos a obviar una sentencia que es firme y que obliga a la readmisión de este roteño en su puesto de trabajo en las mismas condiciones en las que fue despedido.