A raíz del fallo del Tribunal Supremo que dicta que en aquellos casos de venta de viviendas o parcelas en las que el vendedor no haya obtenido ganancia e incluso tenga pérdidas al deshacerse de su propiedad, no se cobre el impuesto de plusvalía, el grupo municipal de Roteños Unidos (RRUU) elevará una moción a pleno que viene a pedir que se aplique, hasta que se legisle esta circunstancia, el no cobro de este impuesto a los afectados por parte del Ayuntamiento de Rota.

En su propuesta, los independientes explican que muchos ayuntamientos han cobrado de manera injusta el impuesto de plusvalías a quienes vendieron viviendas o parcelas por debajo del precio al que las habían adquirido. A todos ellos, ahora, el Tribunal Constitucional (TC) les da la razón y anula el impuesto para aquellos que obtuvieron pérdidas al vender  haciendo extensivo este supuesto a toda España.

Este impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana está considerado por el TC, tal y como está regulado, como una forma de vulnerar el principio constitucional de capacidad económica, ya que no se vincula necesariamente a la existencia de un incremento real del valor del bien, "sino a la mera titularidad del terreno durante un periodo de tiempo". El Tribunal considera conforme a la Constitución que el legislador establezca impuestos que graven el incremento del valor de los terrenos urbanos, pero siempre y cuando aquellos respeten el principio de capacidad económica que exige la Carta Magna. Eso supone que el impuesto no puede en ningún caso gravar actos o hechos que "no sean exponentes de una riqueza real o potencial".

Dado que el pago de plusvalía incluido en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales es para regular  el incremento del valor que pudieran haber experimentado los terrenos por el paso del tiempo, lo lógico según el tribunal, es que si no ha habido aumento del valor de la vivienda o parcela en cuestión, no se cobre el citado impuesto. Sin embargo, en España no ha sido así y la plusvalía se cobra, independientemente de si ha adquirido más valor o no, por el mero hecho de ser titular de una finca de naturaleza urbana entre 1 y 20 años. Es decir, el solo hecho de haber sido titular de un terreno de naturaleza urbana durante un determinado periodo temporal implica necesariamente el pago del impuesto, incluso cuando no se ha producido un incremento del valor del bien o, más allá, cuando se ha producido un decremento del mismo. Esta circunstancia, explica el Tribunal, impide al ciudadano cumplir con su obligación de contribuir "de acuerdo con su capacidad económica". Por todo ello, el Tribunal declara la inconstitucionalidad y nulidad de los artículos que regulan el impuesto, si bien explica que el impuesto se puede seguir aplicando allí donde sí se haya producido un aumento de la riqueza. La sentencia resalta que a partir de ahora corresponde al legislador llevar a cabo "las modificaciones o adaptaciones pertinentes en el régimen legal del impuesto que permitan arbitrar el modo de no someter a tributación las situaciones de inexistencia de incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana".

Por eso, mientras tanto se legisla, Roteños Unidos pedirá en el pleno que el Ayuntamiento de Rota liquide a valor cero, es decir, no cobre el impuesto de plusvalía en aquellos casos en los que se demuestre que la finca urbana no ha aumentado su valor. La misma moción pide que se incluya en la Ordenanza fiscal 1.3, Reguladora del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, los supuestos en los que sean demostrados por los sujetos pasivos la inexistencia de incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana como consecuencia de la transmisión de la propiedad por cualquier título o de la constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce limitativo del dominio sobre los bienes objeto del impuesto.