La Subdelegación del Gobierno asegura que los servicios mínimos respetan la huelga de los trabajadores
Ante la queja del comité de empresa de Louis Berger Aircraft Services, Inc (LBAS), concesionaria del servicio de aeropuerto de la Base Naval de Rota, sobre los servicios mínimos fijados para el desarrollo de la huelga que los trabajadores comenzaron ayer 29 de marzo, la Subdelegación del Gobierno en Cádiz ha asegurado que estos "respetan el derecho constitucional a la huelga de los empleados, a la vez que cumple con las exigencias de seguridad que requiere una instalación militar".
Según ha indicado la Subdelegación en una nota, tras diversas reuniones de los responsables técnicos de la Subdelegación con los representantes de la empresa y de los trabajadores, y una vez recibidas las propuestas de servicios mínimos por las partes en conflicto y "vista la imposibilidad actual de cualquier tipo de acuerdo o de acercamiento entre las dos", se decidieron unos servicios mínimos "teniendo en cuenta las particulares circunstancias que se derivan de las exigencias de seguridad requeridas por un establecimiento militar y de los servicios que en él se prestan".
Así, la resolución que fija los servicios mínimos se encuentra entre ambas propuestas -empresa y trabajadores-, "respetando el ejercicio del derecho a la huelga y el desarrollo de los servicios en una instalación militar, representando en el cómputo de los diferentes departamentos una reducción superior al 37 por ciento y superior al 45 por ciento en el turno de noche, que se considera ajustada para atender a dos aviones en pista".
En el caso de las concentraciones en el exterior de la Base de Rota, otra de las quejas formulada ayer por el comité de empresa, las peticiones de manifestaciones/concentraciones han sido tramitadas "según normativa establecida y en base a informes técnicos para garantizar el derecho de concentración/manifestación, a la vez que haciéndolo compatible con una instalación afectada por determinadas y concretas condicionantes de seguridad, y para salvaguardar los derechos, igualmente constitucionales, de los usuarios de las vías afectadas".



































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