El grupo municipal de Izquierda Unida va a pedir al Gobierno central una mayor flexibilidad económicas y más competencias directas para los ayuntamientos entendiendo que esta es la administración más cercana al ciudadano y por tanto, la que debería tener mayor margen de maniobra que ahora se ven coartados, según este partido, desde la modificación que en su día hicieron PSOE y PP, de la que salió la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera que contempla tres reglas fiscales "sagradas":  la no superación de un tope de déficit público, la no superación de un tope de deuda y el respeto a la regla de gasto. Para los izquierdistas, este último es el más inexplicable de todos ya que impide aunque haya superávit que ese dinero se invierta en gasto social o inversiones en el municipio de turno, sino que tendrá que ser destinado a pagar deuda.

Para IU, es ilógico que se antepongan los intereses de la banca a los de los ciudadanos y por ello, va a elevar al pleno municipal una moción en la que explica los motivos por los que entiende que los ayuntamientos deben tener una mayor flexibilidad económica por lo que sería necesario un cambio del modelo de financiación autonómica y local.

En busca de ese objetivo, exponen en su moción varias propuestas como la de exigir al presidente de Gobierno que garantice  un debate conjunto sobre financiación autonómica y local que permita abordar la necesaria financiación local de un modo global y con un modelo concertado entre gobierno central, gobiernos autonómicos y ayuntamientos; exigir al presidente de Gobierno que ponga en marcha un nuevo modelo de financiación local que garantice la suficiencia financiera de las entidades locales, la igualdad de los municipios, la prestación de servicios básicos de calidad para todos los ciudadanos con independencia del municipio donde residan (grande o pequeño); en tercer lugar, la moción de IU exige al presidente de Gobierno el compromiso  para  la aprobación de una nueva Ley de Gobierno Local, y una nueva Ley de Financiación Local, que con el más amplio consenso político, establezca el nuevo marco competencial municipal  con la financiación adecuada y suficiente.

El cuarto punto de esta moción se basa en exigir a las comunidades autónomas la puesta en marcha de iniciativas dirigidas a abrir la participación de los ayuntamientos en los ingresos de las comunidades autónomas y a Andalucía al cumplimiento estricto de la ya creada por Ley (PATRICA). Todo ello, en cumplimiento del mandato constitucional de suficiencia financiera de las corporaciones locales que hoy asumen sin compensación alguna competencias claramente autonómicas. En quinto lugar, se pedirá apoyar e instar a la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias) a que ponga en marcha las iniciativas necesarias para conseguir estos objetivos, ante la insostenibilidad de la situación de financiación municipal existente en este momento, sin excluir las medidas de presión y reivindicativas que se consideren oportunas, entendiendo que los ayuntamientos españoles deben estar presente en el debate sobre el nuevo modelo financiero.

El sexto punto de la moción propone a la FEMP la realización de plenos en todos los ayuntamientos del Estado español en la misma fecha para mostrar el desacuerdo con la situación actual, exigir un acuerdo de financiación justo y suficiente y apoyar cuantas medidas se consideren oportunas para conseguir estos objetivos. El último punto de la propuesta incluye que se le dé traslado de la moción al presidente del Gobierno de España, al ministro de Economía, a los grupos parlamentarios del Congreso y el Senado,  a la presidencia de gobierno de las comunidades autónomas y a sus  grupos parlamentarios y a la  FEMP y en su caso a las asociaciones de municipios de cada territorio.