El grupo municipal de Izquierda Unida ha presentado una moción con el fin de que sea elevada en el próximo pleno municipal para su debate por parte de la Corporación municipal. El tema tiene que ver con la pobreza energética y la necesidad de garantizar suministro a aquellas personas que por sus recursos no puedan hacer frente.

Este partido apunta en su propuesta  a que el Estado español carece de una política específica dirigida a prevenir el fenómeno de la pobreza energética que sufren cada vez más familias y hogares para garantizar unos consumos mínimos vitales a todas las familias en función del número de miembros y de periodos estacionales, y que por ello, entre otras cuestiones, debería mejorar el actual bono social, para tener en cuenta también las condiciones de la vivienda y el nivel de ingresos familiares y no sólo la potencia contratada o la situación familiar/laboral.

Según IU, la reforma del mercado energético emprendida por el Gobierno no da respuesta real al fenómeno de pobreza energética, mientras el denominado déficit tarifario y la reciente sentencia del Tribunal Supremo en relación con la financiación del bono social amenazan con incrementar todavía más la factura energética de las familias. Por ello, propondrán en el pleno municipal una serie de acuerdos encaminados a tomar medidas que palien esta situación y que siguiendo en ejemplo de otros países,  se asegure el suministro eléctrico a quien lo ncesite.

Desde Izquierda Unida tienen claro que la estrategia clave para acabar con la pobreza energética pasa por la nacionalización de las eléctricas y gasísticas, pasando por tanto a que esas sean un servicio público y no "suculentos negocios" para las grandes compañías.

Por ello, trasladarán al pleno una moción que recoge cuatro puntos para su aprobación. Por un lado, exigir el cambio del marco legislativo para que la electricidad, su producción, distribución y comercialización estén al servicio de la ciudadanía y posean un carácter social y, en concreto, para prevenir la pobreza energética, regulando el sistema de suministros básicos del hogar e incluyendo mecanismos que primen el ahorro y penalicen el consumo ineficiente, garantizando que las tarifas no sean objeto de mercado, estableciendo precios sociales y elementos de fiscalidad energética favorables para las familias con bajos ingresos económicos. Por otro lado, exigir la titularidad y gestión públicas de las infraestructuras de distribución eléctrica, con ampliación del bono social a nuevas modalidades y una nueva tarifa para las instituciones públicas. En tercer lugar, exigir la modificación de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, estableciendo un IVA reducido para el precio del gas y la electricidad a nivel doméstico. Y por último, dar traslado de los acuerdos anteriores al Gobierno de España y a los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados.