La Subdelegación del Gobierno en Cádiz requiere información al Ayuntamiento al respecto

Roteños Unidos (RRUU) está convencido de que el equipo de gobierno no está actuando bajo la normativa vigente en la puesta en marcha de las bolsas de trabajo y ha denunciado algunos de los aspectos que le parece que contravienen la legalidad. Entre ellos, y como ya dijeron en su día,  incluir como requisito puntuable estar empadronado en Rota dentro de las ordenanzas reguladoras de las bolsas de trabajo de emergencia social puestas en marcha por el Ayuntamiento de la localidad, es algo contra lo que se posicionan porque entienden que es ilegal, y de hecho, presentaron una denuncia ante la Junta de Andalucía, tal y como anunció en su día el portavoz municipal, Daniel Manrique de Lara, al llegarle un requerimiento por parte de la Junta el 20 de junio solicitando información al respecto.

En el día de hoy, el partido independiente se ha manifestado a través de una nota de prensa en la que insisten en la idea de que estas ordenanzas que se aprobaron el 3 de noviembre de 2015, y que era una de las principales gestiones defendidas por PSOE e IU,  vulneran los derechos fundamentales de la Constitución Española tales como el art. 14 (“Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.”) y el art. 23.2 (“Los ciudadanos tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos”. Basándose en estos, Roteños Unidos presentó la denuncia ante la Junta que ahora obligará al equipo de gobierno a revisar las ordenanzas "tal como se le venía requiriendo desde la oposición", apuntan.

Roteños Unidos manifiesta que "al adolecer las ordenanzas de las bolsas de trabajo de un vicio  de nulidad absoluta (art 62.1.a Ley 30/92), procede -como reiteradamente ha manifestado la jurisprudencia, el Defensor del Pueblo y la propia Subdelegación del Gobierno-  una revisión de oficio de las citadas bolsas, conforme al procedimiento previsto en el art 102 de Ley 30/92,  dado que el Ayuntamiento está obligado a revisar de oficio sus actos administrativos que adolezcan de vicios de nulidad". Los independientes apuntan a que no está ajustado a derecho pretender sustituir dicho procedimiento de revisión de oficio por “una modificación  puntual  de su texto con objetivo de conseguir un mejor funcionamiento en el desarrollo de todos los procesos selectivos”, como pretende el equipo de gobierno, "enmascarando así el vicio de nulidad de que adolecen las ordenanzas".

La oposición cree además que "resulta evidente" que la propia gestión de las bolsas por la delegación de Personal encabezada por el Daniel Manrique ha incumplido los artículos 3, 7 y 19 "propuestos por él mismo, lo que ha generado un malestar muy importante entre los vecinos de Rota demandantes de un empleo". Son los citados artículos 3 y 7, "y haber excluido en su gestión a los funcionarios públicos de carrera y haberlas encomendado al personal eventual de confianza a miembros del  PSOE de Rota que tiene a su disposición el Sr. Manrique en su despacho de plaza España", lo que habría motivado ese malestar ciudadano según Roteños Unidos, ya que esta forma de proceder, para los independientes,  aleja los criterios objetivos y la supervisión que requiere las bases aprobadas, "contaminando los procedimientos realizados". Tanto es así, continúan en su expuesto, "que la no aplicación del artículo 19 de la ordenanza propuesta por el equipo de gobierno y  aprobada  en el pasado pleno del 31 de agosto para las bolsas, evidencia claramente el objetivo de prescindir de la participación de cualquier funcionario de carrera especializado y nuevamente dejarlo en manos del personal de confianza nombrados por el partido", denuncian desde Roteños Unidos.

Para argumentar su posición, los independientes apuntan que el artículo 19 dice con claridad.- “La baremación de la bolsa se llevará a cabo a través de una comisión creada al efecto por los servicios sociales del Ayuntamiento”, delegación que garantizaría aquellos aspectos que definen la emergencia social. Precisamente, como al parecer según la denuncia de RRUU, no se estaría haciendo así, sino por personal de confianza, es por lo que la Subdelegación del Gobierno ha intervenido requiriendo al Ayuntamiento una revisión del procedimiento. Textualmente, el requerimiento cita que  “como quiera que ello pudiera suscitar un conflicto legal con la normativa vigente se interesa ampliación de información relativo a la participación del personal eventual de confianza de su Corporación en la gestión de dicha bolsa de emergencia social. Asimismo, le solicitamos que se nos informe de todos los contratos realizados hasta la fecha en virtud de dicha bolsa de emergencia social, especificando la duración de los mismos”.

Teniendo en cuenta que es Izquierda Unida la que ostenta la delegación de Servicios Sociales, a  Roteños Unidos le parece inconcebible que la delegada de este área, Lourdes Couñago, "haya renunciado a sus competencias en estas bolsas de emergencia social en favor del PSOE y de D. Daniel Manrique".

Dado que para los independientes hay varias cuestiones que no se ajustan a los procesos legales, es por lo que han venido trasladando la situación a organismos y administraciones superiores con el fin de que la selección de personas que pasen a trabajar a través de las bolsas de trabajo de emergencia social se haga como responde a la normativa vigente. "Se necesita de un gran acuerdo por parte de todas las fuerzas políticas para que se cumplan con rigurosidad los objetivos de transparencia real en los procedimientos, tal como se comprometió el alcalde y alejarse de utilizar personas del partido y métodos que son incompatibles con la transparencia y la legalidad", han manifestado.

Por otro lado, y en esa línea, desde este partido de la oposición se pide al resto de concejales de IU y PSOE en el gobierno que "se informen de los puntos que aprueban en el pleno, pues su voto positivo a sabiendas de reparos de legalidad en los informes de los técnicos municipales y las dudas razonables que se generan ante la petición de información o advertencias de legalidad de administraciones y organismos superiores de los cuales todos deberían de tener conocimiento, pudieran generarles consecuencias", han concluido.