Un nuevo proceso judicial podría abrirse contra los anteriores gobernantes de Partido Popular y Roteños Unidos (RRUU), si en el plazo de dos meses y medio, no devuelven casi 50.000 euros de dinero público que, según ha indicado el portavoz municipal, Daniel Manrique de Lara, se cogió de las arcas del Ayuntamiento en 2007 para entregarlo a dos familias de la localidad y que estas se compraran sendas viviendas en unas promociones, casualmente, de la promotora de Felipe Castellano.

Es la denuncia que el equipo de gobierno del PSOE e Izquierda Unida han puesto hoy sobre la mesa ante los medios de comunicación ante los que han hecho una crónica de los sucesos que les han llevado a dar con esta irregularidad en la que el Ayuntamiento de Rota habría pagado con dinero de todos los roteños la entrada para la compra de dos pisos a dos familias que antes vivían en el bloque situado en la calle Zorrilla, esquina con calle Calvario.

Daniel Manrique de Lara, ha dado pelos y señales del proceso que les ha llevado a esta conclusión donde se conjuga uso del dinero público para beneficiar de forma "arbitraria" a personas de Rota, y la desaparición de documentación que ponga en pie o explique esa actuación municipal mientras Lorenzo Sánchez Alonso era alcalde de la localidad.

Para ir por partes, y como ha explicado esta mañana el portavoz del equipo de gobierno, es un hecho insólito que han descubierto tirando de un hilo que comenzó hace meses con rumores de personas que hablaban de "negocios" con las casas del bloque de viviendas destinado a personas sin recursos económicos, situado en la calle Zorrilla con Calvario. Según Daniel Manrique de Lara, poco más o menos, oían campanas sin saber muy bien de dónde venían pero los puso en alerta para indagar a qué se referían esas habladurías. Es más, según el concejal, fueron residentes de ese mismo bloque los que comentaron a la delegada de Servicios Sociales, Lourdes Couñago, "esos negocios" pero "no se concretaban bien" hasta que hace un mes aproximadamente, dieron con la tecla y "corroboraron" de qué se trataba.

En la crónica de los hechos relatada por el portavoz del gobierno local, es entonces, hace un mes, cuando se inicia una investigación para aclarar qué tipo de negocios eran esos que venían escuchando con las viviendas del bloque blanco de calle Calvario, y en qué se basaban exactamente.  Para ello, se dirigieron a los archivos de la delegación de Patrimonio donde se recoge que efectivamente ese es un edificio de propiedad municipal, construido en 1957 - 1958 y que desde entonces, cumple una función social de dar cobijo y vivienda a personas que no tienen recursos económicos suficientes y están en riesgo de exclusión, pero no consta que con él se hubiera hecho ningún negocio, y los técnicos derivan a los concejales a Sursa, la Sociedad Urbanística de Rota creada con el anterior gobierno local y en proceso de disolución con la llegada de PSOE e Izquierda Unida. Allí, su sorpresa, ha comentado esta mañana Daniel Manrique de Lara, es que de 2007 para atrás, no existe prácticamente documentación, "ha desaparecido", según el concejal, no hay contabilidad, ni actas, ni contratos, etc., y todo "queda reducido todo a una caja pequeña con papeles inconexos, incompletos, sin ordenar...".

La sorpresa, decía Manrique de Lara, es mayúscula cuando preguntan a los técnicos de Sursa "y nadie sabe nada de esa documentación, si se ha destruido, si se lo han llevado...". El caso es que ha desaparecido y por tanto, el gobierno local que no entiende esta situación ni que nadie se haya preocupado de esa documentación, comienza a mirar en esa caja los pocos documentos que contiene encontrando algo revelador como  dos convenios urbanísticos "que dan respuesta esos negocios a los que  los vecinos venían aludiendo en las conversaciones mantenidas con la delegada de Servicios Sociales". En ellos se recoge que "el Ayuntamiento a través de la empresa municipal Sursa, con dinero público,  le regalaba a dos familias de  etnia gitana -que vivían en el bloque de Calvario-, la entrada de pisos  para que se fueran de su propiedad privada. Es decir, a través de esos convenios, lo que se le regalaba a estas dos familias eran la entrada de dos pisos para que ellos siguieran abonándolos con la hipoteca" y abandonaran la casa donde residían, de propiedad municipal. 

Ante este hallazgo, los concejales del gobierno local se quedan "perplejos" no sólo por la existencia de los convenios, sino porque además, estos se ejecutaron, lo que quiere decir que los pisos se compraron y se entregaron  a los particulares a los que, de forma arbitraria, porque no hay documentación de que fuera a través de una línea de subvenciones, se les agració por parte del alcalde Lorenzo Sánchez.

Pero hay una cuestión más llamativa, decía el portavoz municipal, y es que "a las personas que les regaló los pisos  no podían ni acreditar en virtud de qué título estaban habitando una casa de la calle Zorrilla". Lo único que aparece es que el Ayuntamiento entregó por un lado 23.342,42 euros a una familia, y  25.396,67 euros a otra para la entrada de dos viviendas con trastero y garaje, situadas en el sector R1 y construidas por la promotora Castellano S.A., "la misma de siempre". Fue al aparecer, según ese convenio al que se refiere Daniel Manrique de Lara, el Ayuntamiento el que abonaba directamente el dinero a la promotora, aunque sí se les da un cheque en metálico a las dos familias en cuestión de 3.000 euros "suponemos que para gastos de mudanza o para otros menesteres concretos".

Con estos hechos, el concejal ha reafirmado hoy que son convenios que "ponen de manifiesto la absoluta arbitrariedad que PP y Roteños Unidos han hecho del dinero público". Básicamente, decía, "el Ayuntamiento ha comprado con dinero público viviendas para particulares que sólo esas personas van a disfrutar". De momento, conocen dos casos, porque son los dos convenios que han encontrado entre la poca documentación hallada en Sursa, pero no descartan que haya más.

El portavoz municipal, como muchos ciudadanos, se preguntarán los motivos de esta gestión por parte del anterior alcalde Lorenzo Sánchez Alonso, por qué esas familias y no otras,  etc. Preguntas sin respuestas de momento, que no dejan en buen lugar la forma de gobernar de los anteriores dirigentes locales y que desde el gobierno local piden que se aclare "sin echar esta vez la culpa a los técnicos", porque según el concejal, no existen informes que avalen esos acuerdos a no ser que estos, estén entre la documentación perdida.

La fecha de los convenios es de marzo de 2007, cercano a las elecciones municipales que se celebraron en mayo, y en los convenios la firma que aparece plasmada es la del ex alcalde, Lorenzo Sánchez, pero el portavoz local entiende que esta es una decisión que estaba apoyada por los dos grupos que formaban el bipartito, es decir, también por PP y Roteños Unidos.

El gobierno pone plazo para la devolución del dinero, o irán a tribunales

Dado que los anteriores gobernantes están metidos en varios procesos judiciales, algunos de ellos con condena en firme de cárcel,  el PSOE les ha dado un plazo de dos meses y medio, es decir, hasta el 15 de septiembre de 2016 para que Lorenzo Sánchez Alonso, el PP y Roteños Unidos devuelvan ese dinero público. Pasado ese plazo, si la cantidad total de 48.739 euros no se ha devuelto a las arcas públicas, tomarán las acciones legales pertinentes para depurar responsabilidades. "Lo queremos decir para que luego no vengan lamentándose  ni llorando por las esquinas diciendo que no damos oportunidades de que se solucionen las cosas. La solución es esta, que ese dinero se devuelva antes del 15 de septiembre de 2016. No vamos a permitir que por chulería o intereses electoralistas del anterior alcalde se pierda esa cantidad", ha concluido el portavoz del gobierno calificando los hechos de "gravisimos".