En el día de hoy, martes 31 de mayo, ha quedado visto para sentencia el juicio por el conocido como "caso uniformes" que desde el pasado 17 de este mismo se ha celebrado en la Audiencia Provincial de Cádiz para juzgar los hechos que mantiene imputados a 21 personas entre miembros de gobiernos municipales de Rota, de PP y Roteños Unidos, así como a funcionarios y trabajadores públicos.

Con la presentación entre ayer y hoy de los informes finales de todas las partes implicadas en el juicio, es decir, fiscal, PSOE y las defensas de los investigados, se ha dado por terminado un proceso judicial que comenzó hace cuatro años cuando se denunció las posibles irregularidades que se estarían cometiendo cuando el Ayuntamiento de Rota compraba ropas de trabajo a empresas que estaban relacionadas con el alcalde de entonces, Lorenzo Sánchez Alonso.

Tras las nueve sesiones en las que se ha repartido este juicio oral, todos los imputados se mantienen ya que aunque el PSOE retiró la acusación contra el secretario municipal, el fiscal la ha mantenido, y en el caso de la mujer del concejal Ismael Puyana, el PSOE retiró su acusación por prevaricación al entender que no estaba del todo acreditado que ella participara, pero el fiscal la mantiene aunque sí le ha retirado la de falsedad documental. En cualquier caso, son 21 imputados, entre los que están Lorenzo Sánchez Alonso y su esposa, Eva Corrales, Montemayor Laynez, Antonio Alcedo, Auxiliadora Delgado, María del Carmen Laynez, Jesús Corrales, Juan Antonio Liaño, Antonio Peña, Ismael Puyana y su esposa, además de funcionarios o trabajadores que entre los años 2004 y 2009 habrían estado presentes en juntas locales de gobierno o mesas de contratación en las que se aprobaban las compras de ropa de trabajo desde el Consistorio roteño a las empresas vinculadas con el entonces alcalde de la localidad valoradas en unos 800.000 euros en total.

El fiscal al igual que la acusación particular que en este caso la ejerce el PSOE, sigue viendo tras escuchar a los imputados, que todos habrían actuado como autores o  cooperadores necesarios  en un delito de prevaricación  y negociaciones prohibidas. Concretamente, se refiere a Lorenzo Sánchez como la persona que tenía "orquestado" todo y por tanto el "máximo responsable" y a la vez "cabeza pensante" de una "estructura piramidal" que permitía, supuestamente, que el entonces alcalde se beneficiara de compras y "adjudicaciones absolutamente ilegales", para pese a ser alcalde, lucrarse y beneficiarse de la compra a sus empresas donde también había otros concejales con intereses.

Según el fiscal, los concejales imputados en este caso habrían actuado de "brazos ejecutores" y Montemayor Laynez en concreto, como el "brazo derecho" del alcalde. El fiscal también mantiene que Lorenzo Sánchez tenía "un hombre de paja" que figuraba en la empresa Coanda Costuras, que a partir de 2008 sustituyó a Epis Rotasur y a la sociedad cooperativa Coanda y que la acusación mantiene que es una "empresa pantalla" para saltarse la prohibición de contratar con ellas por su supuesta vinculación con el entonces regidor roteño.

Por su parte, la defensa de los imputados ha basado sus argumentos en dos cuestiones, que sus clientes no conocían la prohibición de poder contratar con empresas relacionadas con el alcalde y que tampoco conocían que estas estaban relacionadas con el regidor.

En la sesión de hoy, aparte de escuchar los informes del resto de la defensa, se le ha dado la oportunidad a los imputados de tomar la última palabra para manifestar libremente lo que quisieran. Los únicos que han hecho uso de este derecho han sido el secretario municipal, que ha dado explicaciones sobre unas cuestiones técnicas, el ex concejal de Roteños Unidos, Antonio Alcedo, que ha agradecido el trabajo de los jueces en la sala, y Lorenzo Sánchez Alonso que ha manifestado estar contento por terminar con "cuatro años de calvario" y confiar en que la sentencia pongan fin a un juicio que desde el principio, a su parecer, ha sido un juicio político.