Esta mañana, los dos últimos alcaldes de Rota, Lorenzo Sánchez Alonso y Eva Corrales, han llegado a la Audiencia Provincial de Cádiz donde en su Sección Cuarta, están siendo interrogados por el conocido como "caso uniformes". Los ediles han entrado juntos en los juzgados, muy concurridos en la mañana de hoy, hasta donde también se han desplazado otros concejales acusados en este caso.

Desde que se pusiera en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción las posibles irregularidades cometidas por el entonces alcalde al comprar ropas de trabajo desde el Ayuntamiento a empresas relacionadas con su persona, han pasado prácticamente cuatro año. Ahora, en estos días y hasta final de mes, dividido en 9 sesiones, tanto los 21 acusados entre concejales, funcionarios y trabajadores públicos, la mayoría, como una treintena de testigos pasarán por el banquillo para dirimir si hubo delito en esas compras y la forma en la que se hacía.

La sesión de hoy se puede prolongar hasta bien entrada la tarde.

Hay que recordar que en el escrito de acusación de la Fiscalía,  el líder de Roteños Unidos, Lorenzo Sánchez,  se enfrenta a una petición de 5 años de prisión y 19 años de inhabilitación por delitos de prevaricación continuada, gestión interesada y falsedad.  Es, de las 21 personas imputadas en el "caso uniformes", la que peor parada sale ya que en el proceso de diligencias previas que comenzó hace casi cuatro años, ha sido el centro de las pesquisas para averiguar si el independiente se lucró de forma ilegal adjudicándose contratos desde el Ayuntamiento a empresas relacionadas con su persona mientras ostentaba el cargo de alcalde de la ciudad.

Su sucesora en el cargo de alcaldesa, Eva Corrales (PP),  suma a los 4 años y medio de cárcel  y  a ocho años y medio de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación, más cuatro años de inhabilitación y 15 meses de multa por otro delito de falsedad en documento oficial del "caso horas extras", una petición de condena por prevaricación continuada y gestión interesada, de 5 meses de prisión y 15 años de inhabilitación para ejercer cualquier cargo público.

Para el resto de imputados, que son miembros que formaron parte de la junta local de gobierno o delegados de Régimen Interior y Gobernación con competencias en el departamento de Contratación y Compras del Ayuntamiento de Rota entre 2004 y 2009, el fiscal pide para todos, por un delito de prevaricación, la pena de 9 años de inhabilitación de cargo público.