El vicesecretario general del PSOE de Cádiz y coordinador de la campaña electoral, Juan Carlos Ruiz Boix, se ha referido hoy al "caso uniformes" cuyo juicio comienza mañana mates 17 de  mayo y que afecta a una veintena de concejales de anteriores gobiernos municipales de Rota de partidos como PP y Roteños Unidos, entre ellos, se encuentran imputados la que fuera alcaldesa de la localidad, la popular Eva Corrales, o el actual alcalde de Chipiona, Antonio Peña.  Para el socialista, "la corrupción del PP no es endémica de la Comunidad Valenciana, ni de la Gürtel, ni de Madrid, sino que es extensiva y este caso afecta, directamente, a la provincia de Cádiz”.

Refiriéndose a los cargos que se sentarán en el banquillo durante los próximos días en la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix ha manifestado que "es todo un despropósito y una vergüenza por los que el PP tiene que dar explicaciones y tomar cartas en el asunto”. El dirigente socialista advierte además que “incluso la Fiscalía pide penas más duras que la propia acusación particular del PSOE, lo que es síntoma de las irregularidades que se le presumen y la gravedad de las mismas, pues a Eva Corrales ya le fueron impuestos cuatro años y seis meses de prisión y once de inhabilitación por el 'caso horas extras'”. Dado que en este "caso uniformes" también el alcalde de Chipiona, Antonio Peña, está imputado por su labor cuando ejercía de concejal en Rota, el vicesecretario general del PSOE en Cádiz ha pedido al PP que no mantenga el silencio porque a su juicio, eso es lo que crea “desconcierto en la ciudadanía". Es más, dice el socialista, que "observando la etapa negra de Roteños Unidos y el PP, los vecinos y vecinas de Rota quisieron dar la confianza en las urnas en las pasadas elecciones municipales al PSOE y tener un alcalde, Javier Ruiz Arana, que ha venido a solventar las redes clientelares de empresas amigas a los anteriores equipos de gobierno y que tanto daño han hecho a la localidad”.

Juan Carlos Ruiz Boix ha lamentado la "pasividad" política del PP y de otras formaciones como Izquierda Unida ante casos de este tipo.