La Junta de Andalucía tendrá que pagar al Ayuntamiento de Rota un total de 376.053,71 euros por no haber cumplido con su parte del trato cuando firmó en 2008 un convenio con el que entonces era alcalde de la localidad, Lorenzo Sánchez Alonso, para el desdoble de la carretera A-2075, es decir, del tramo de acceso al municipio que va desde el cementerio municipal a la entrada de la Base Naval  por la plaza del Triunfo, que tras las obras pasaría a ser de titularidad municipal.

Así lo estima la sentencia firme, contra la que no cabe recurso, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) tras la denuncia que el Ayuntamiento de Rota, siendo alcaldesa Eva Corrales, presentó en 2014 contra la Junta por el incumplimiento del citado convenio que recogía varias actuaciones que las dos instituciones se repartieron asumiendo el 60 por ciento de la inversión la consejería de Obras Públicas y Transporte y el 40 restante el Consistorio roteño. La sentencia falla en contra de la Junta por su "inactividad" considerada "contraria al ordenamiento jurídico".

Fueron varias las veces que el gobierno de PP y Roteños Unidos se quejó y denunció la pasividad de la Junta con respecto a este acuerdo cuando el Ayuntamiento sí había cumplido con su parte del trato construyendo las rotondas de la plaza del Triunfo y la de "Villa de Rota", expropiando incluso unos metros a los terrenos de la Base Naval por la valla que daba a esta carretera periférica. Dado que nunca tuvo respuesta por parte del gobierno andaluz, se decidió en junta de gobierno y posteriormente, se ratificó en un pleno de junio de 2014, interponer un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) contra la consejería de Fomento y Vivienda de la Junta por su “inactividad” en el cumplimiento de las obligaciones que asumió en el convenio firmado en 2008. Aquel acuerdo contó con la unanimidad de toda la Corporación.

En su día, Eva Corrales como alcaldesa de Rota reivindicaba que mientras que los roteños habían cumplido con su parte del trato, la Junta no había movido ni un sólo dedo por acometer el desdoble de la vía de acceso cumpliéndose incluso el plazo de tres años que se estipulaba en el acuerdo, por lo que la decisión del gobierno municipal de entonces, compuesto por los independientes y los populares, fue la de denunciar al gobierno andaluz al ver que habían pasado seis años sin respuesta ni acción alguna. Aquella decisión de llevarlo al contencioso-administrativo  ha dado su fruto y la justicia  ha sentenciado a favor de los intereses municipales obligando a la Junta a pagar el dinero que el Ayuntamiento invirtió para dar cobertura a su parte del trato. De momento, están construidas las dos rotondas que formaban parte del proyecto de mejora de acceso a la localidad, y por parte municipal quedaban pendientes las rotondas que se ubicarían en la curva de la Pedrera a la altura del cementerio que no llegaron a construirse al ver que la otra parte no cumplía con su parte. La alcaldesa denunció no sólo que no se hubieran empezado las obras por parte de la Junta de Andalucía, sino que ni siquiera pasado el plazo de los tres años iniciales del convenio y tres años más que esperaron algún movimiento por parte de la consejería, se habían tramitado los documentos y proyectos que el Ayuntamiento había presentado.

En este caso, la Junta no ha cumplido con Rota, como tantas veces se le pudo escuchar al anterior gobierno local, y gracias a esa denuncia de PP y Roteños Unidos, la pasividad de la administración andaluza no quedará impune obligada a pagar ahora 376.000 euros que es el dinero invertido, al que habrá que añadirle los intereses de los pagos realizados por el Ayuntamiento.