Los miembros de la Plataforma contra las Antenas Nocivas están indignados y molestos con la actitud del gobierno local en relación a la colocación de una nueva antena de telecomunicaciones que se ha instalado en la avenida Crucero Baleares junto al parque "Carlos Cano". Ante el revuelo que provocó el inicio de los trabajos entre vecinos preocupados por tener esta estructura tan cerca del núcleo urbano, con el riesgo que consideran que ello puede acarrear para la salud, el portavoz municipal, Daniel Manrique de Lara, salió públicamente a explicar el proceso que se había seguido para que la empresa en cuestión tuviera la autorización necesaria para proceder a la colocación de la antena. Aunque el teniente de alcalde aseguró que la nueva Ley de Telecomunicaciones aprobada por el Gobierno central ha reducido al mínimo la actuación de los ayuntamientos en casos de este tipo, y que por ello, no pueden ni negarse a la instalación de una nueva antena que tiene concedido los permisos desde el Ministerio de Industria, ni tampoco elegir el sitio en el que ubicarla, aquellas declaraciones, más que calmar los ánimos, más bien los ha caldeado y por ello, desde la Plataforma contra las Antenas Nocivas han salido de nuevo a los medios para puntualizar varias cosas a Daniel Manrique de Lara.

La primera de ellas, es que quieren dejar claro que no son un grupo de vecinos manipulados por ningún partido político y que si hay agrupaciones que han salido a defender el asunto es porque han atendido a la llamada de la plataforma. Es el caso de Sí se Puede Rota, Equo y posteriormente, Ciudadanos.

La presencia de un mástil de 47 metros de altura en pleno parque indigna a los vecinos de la zona y por ello, querían el apoyo político para actuar en consecuencia. Por eso, les molesta que el primer teniente de alcalde haya arremetido contra el concejal de Sí se Puede Rota dejando entrever que estaba haciendo un uso partidista de la situación. Para la plataforma, nada más lejos de la realidad, ya que fue Moisés Rodríguez y mateo Quirós de Equo,  los que aconsejaron calma en la mañana del 2 de enero cuando los trabajos de montaje comenzaron y la indignación fue creciendo.

A partir de ahí, los vecinos se quejan de que el equipo de gobierno y su alcalde, Javier Ruiz Arana, no hayan sido claros desde el principio y en el pleno en el que Sí se Puede Rota abordaba el tema de las antenas y el regidor decía que se estaba elaborando el mapa de exposición electromagnética en la localidad, no se dijera a las claras que en pocos días había una licencia concedida cuyos trabajos comenzarían como vieron los miembros de la plataforma con sorpresa y posteriormente, con indignación y estupefacción.

Si hoy salen a la palestra desde la Plataforma contra las Antenas Nocivas, es para indicarle al portavoz del gobierno, Daniel Manrique de Lara, que, si él se acoge a la Ley de Telecomunicaciones para escudarse en que no pueden hacer nada más desde el Ayuntamiento, hay otros ayuntamientos que sí están haciendo gestiones al respecto. Para ello, como ya hizo el concejal de Sí se Puede Rota, se han referido al caso en el que el Tribunal Constitucional ha acordado admitir a trámite el recurso de anticonstitucionalidad de la Ley General de Telecomunicaciones en varios de sus artículos el pasado 3 de marzo de 2015, por lo que consideran que el discurso municipal es un  "sin sentido", ya que "en otros puntos de España los alcaldes están haciendo todo lo posible" para alejar las antenas de los lugares de residencia de sus habitantes.

Tampoco entiende la plataforma que Daniel Manrique de Lara acusara al concejal Moisés Rodríguez cuando este, según estos ciudadanos, lo que ha hecho es responder a su llamada e intentar que el Ayuntamiento no se quede de brazos cruzados.  En este sentido recuerdan que Francia cuenta ya con una nueva ley en vigor desde el 9 de febrero que protege al ciudadano, que los grupos parlamentarios vascos instan a que se exija al Gobierno central una regulación específica que tenga en cuenta las recomendaciones recogidas en la Resolución 1815 del Consejo de Europa,  que la Generalitat de Cataluña ha formulado un recurso de anticonstitucionalidad de la Ley de Telecomunicaciones que ha sido admitido, que el Ayuntamiento de Bilbao, en el marco exclusivo de sus  competencias, va a controlar las emisiones radioeléctricas e  intentará hablar con las operadoras de telefonía para ver cómo está  el espacio radioeléctrico y que por tanto, todos estos son ejemplos de  "gobernantes responsables".

En el caso concreto de la admisión a trámite de la posible inconstitucionalidad de la Ley General de Telecomunicaciones, la plataforma informa que hay varios argumentos para defenderla entre los que está que no sólo puede ir en contra de determinados derechos de los ciudadanos, que también, sino y especialmente, por ir en contra de las competencias de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos. En esta línea, dan una serie de argumentos que jugaría a favor de lo que defienden y es que la nueva ley "elimina prácticamente en esta materia, sin un apoyo jurídico claro y de manera excesivamente burda, las competencias exclusivas de Urbanismo y Ordenación del Territorio de las comunidades autónomas (cuando por ejemplo, señala en su artículo 34.6, que 'no podrá exigirse por parte de las administraciones públicas competentes la obtención de licencia o autorización previa de instalaciones, de funcionamiento o de actividad, o de carácter medioambiental, ni otras licencias o aprobaciones de clase similar o análogas que sujeten a previa autorización dicha instalación'). Existen también diversos artículos que impiden actuar dentro de sus competencias a comunidades autónomas y ayuntamientos, supeditando el ejercicio de las mismas a la emisión de informes por parte del ministerio promotor de la Ley. La Constitución, además de reconocer un ámbito de competencias exclusivas a las comunidades autónomas, garantiza en su artículo 140 la autonomía de los municipios, la cual a su vez tiene apoyo en la Carta Europea de la Autonomía Local, cuyo Instrumento de Ratificación fue firmado por el Ministro de Asuntos Exteriores español. En este último sentido se podría plantear que la ley puede ser contraria a lo dispuesto en el artículo 96 de la Constitución por infringir determinados de sus artículos las competencias que dicha Carta atribuye a los municipios".

Pese a esta retahíla de argumentos, para la plataforma es sorprendente que el gobierno local diga que no puede hacer nada y por ello, reiteran su preocupación basada en riesgos para la salud y casos de cáncer, según ellos, en mayor proporción por la existencia cercana de estas antenas.

 Por otra parte, el discurso de la plataforma se mantiene firme con respecto a la Resolución 1815/2011 del Consejo de Europa donde se aboga por aplicar el "Principio de Precaución" en lo tocante a los límites de exposición a los campos electromagnéticos, más aún cuando la evaluación científica no permita determinar el riesgo con suficiente certeza.

Para los vecinos que forman esta plataforma, el gobierno local aparte de mostrar sensibilidad con el tema también debe actuar para demostrar que quiere trabajar en ello, y por eso, en la reunión que mantendrán con el alcalde el 11 de febrero, le presentarán un plan de 15 medidas recomendables de actuación e intervención que para este colectivo, dejará clara cuál es la posición del Ayuntamiento. En el encuentro se preguntará a los gobernantes por aspectos de la nueva antena que destaca en el paisaje de Rota con sus 47 metros de altura, por la forma en la que se ha procedido a otorgar los permisos, y por los intereses de la misma.