En la mañana de hoy viernes la Unión de Consumidores Usuarios de la provincia de Cádiz ha trasladado hasta la localidad roteña a su presidente, Miguel Ángel Ruiz, y a su abogada, Natalia Rojo, para mantener un encuentro con algunos afectados roteños por el asunto de las cláusulas-suelo, así como algunos de los perjudicados por el cierre de una conocida clínica dental.

Previamente a este encuentro, el responsable provincial de la Unión de Consumidores compareció en rueda de prensa junto a la delegada municipal de Consumo. Laura Almisas para explicar algunos de los numerosos tipos de irregularidades y denuncias que se están produciendo en los últimos años en torno a la actuación de las entidades bancarias.

Miguel Ángel Ruiz quiso agradecer en primer lugar la colaboración que están teniendo desde el ayuntamiento roteño y muy especialmente la de su técnico de Consumo, José Ramón Alonso. Una estrecha colaboración que ha llevado a la resolución desde la institución municipal de algunas de estas reclamaciones ciudadanas.

El objetivo principal de esta visita a Rota es informar y animar a los ciudadanos a que reclamen y denuncien todas aquellas situaciones en materia de Consumo en la que consideren que se han visto perjudicados o engañados, y hacerles ver que en ese camino no estarán solos, contando con el asesoramiento tanto del Ayuntamiento de Rota como de la Unión de Consumidores.

“Son tiempos duros para los consumidores” afirmó Ruiz, por el aumento de problemas en numerosos ámbitos del consumo, como los bancarios o los relacionados con las facturas eléctricas, telefónicas, etc. Respecto a las cláusulas-suelo, la Comisión Europea considera preceptivo la devolución de las cantidades cuando se han aplicado estas clausulas, aunque esto no es vinculante a los tribunales, y en nuestra provincia las sentencias sólo establecen la devolución de cantidades a partir de mayo de 2013, no en el momento en el que se aplicó estas clausulas. Esto significa que por ahora en Cádiz no se devuelven todas las cantidades.

Sobre la noticia de las entidades bancarias que están eliminando estas clausulas-suelo, Miguel Ángel Ruiz las desmintió. “No están eliminando estas clausulas, están suspendiéndolas”, pero para la eliminación de estas cláusulas abusivas sólo se puede hacer ante un tribunal o por acuerdo escrito de las partes y devolución de cantidades. Por ello anima a todos los afectados a que reclamen judicialmente estas cantidades, que pueden rondar en  torno a los 5.000-6.000 euros de media desde el 9 de mayo de 2013, o 12.000 si hablamos de cantidades anteriores a 2013.

Respecto a este asunto, Laura Almisas explicó que en Rota han sido en torno a 200 las personas que se han acercado hasta la OMIC para asesorarse, aunque seguramente serán muchas más las afectadas.

Similar argumento respecto al IRPH (Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios), un índice aplicado por algunas cajas y negociado entre ellas al alza en contra del consumidor, y que los tribunales están anulando y sustituyendo por el Euribor más un punto, “algo que es más justo y legal”.

Finalmente Miguel Ángel Ruiz hizo referencia al asunto de las acciones de Bankia, que se vendieron a un altísimo precio y que en poco tiempo se convirtieron en nada cuando se intervino esta entidad y se constató que las cuentas habían sido falseadas. Este falseamiento está llevando a los tribunales a anular y a devolver las cantidades a los usuarios que las reclaman.

Hay otros temas bancarios como el cobro de comisiones, en cajero, o por ingreso en cuenta, o los intereses de demora que también preocupan especialmente a los consumidores y de los que se está informando en la OMIC de Rota para que los ciudadanos sepan como reclamar sus derechos y que sepan que no van a estar solos en esta lucha. “Va a tener el apoyo del Ayuntamiento de Rota en la vía extrajudicial y el de la Unión de Consumidores en la vía judicial”.

Por último el presidente de la Unión de Consumidores de Cádiz anunció que van a asesorar también a aquellas personas afectadas por el cierre de la clínica dental, explicándoles las diferentes vías de solución del problema, ya sea reclamación penal por daños médicos, o reclamación de cantidades  entregadas a cuenta por un servicio finalmente no recibido, algo en lo que ya se lleva tiempo trabajando desde el Ayuntamiento y solucionando algunos casos.