El pleno extraordinario y urgente de ayer jueves aprobaba en poco más de una hora cuatro puntos que el equipo de gobierno municipal consideraba que no podían esperar al tercer jueves del mes, fecha en la que se celebran las sesiones ordinarias. De estos cuatro puntos sólo uno de ellos, el último generaba un debate amplio entre los distintos grupos políticos.

Se trataba del punto cinco, la propuesta de la delegada de Hacienda para derogar la ordenanza fiscal reguladora de las guarderías infantiles y establecer un precio público por la prestación de los servicios de asistencia y estancia en las escuelas infantiles.

Fue la delegada municipal Nuria López quien explicaba la propuesta, que viene a raíz de la reciente licitación de la guardería “Laguna del Moral” y de los intentos por conseguir que la Junta de Andalucía bonifique sus plazas. Unos intentos que aún no han fructificado, pero que requiere para lograr el cambio normativo de sustituir el concepto de tasa que contempla la actual ordenanza municipal por el de precio público, ya que existen empresas privadas de por medio.

Aunque todos los grupos estaban de acuerdo con la iniciativa, el debate surgía cuando el Partido Popular presentaba una enmienda para que la propuesta comprometiese al Ayuntamiento de Rota a bonificar todas las plazas si los candidatos cumplían con una serie de requisitos.

La propuesta presentada por el equipo de gobierno obliga a la empresa que finalmente consiga la concesión de la guardería a bonificar nueve plazas (tres plazas al cien por cien, tres al 75% y tres al 50) y contempla una mayor puntuación en el concurso para las empresas que se comprometan a bonificar alguna plaza más. Además también establece que el Ayuntamiento podrá bonificar algunas plazas más, sin concretar cifra exacta. Este punto es, para el portavoz del PP, Óscar Curtido, algo ambiguo, por lo que en su enmienda proponían que el equipo de gobierno se comprometiese a bonificar todas las plazas.

Una modificación que sólo contó con el apoyo del representante de Sí se Puede, Moisés Rodríguez, ya que Antonio Franco, de Izquierda Unida, la consideró una “enmienda trampa” mientras que el PSOE, a través de Daniel Manrique de Lara,  aunque compartiendo el espíritu de la misma, consideró que no podía comprometerse a bonificar todas las plazas debido a las limitaciones presupuestarias. Por su parte Roteños Unidos (RRUU), por medio de Lorenzo Sánchez Alonso, pidió precaución en este asunto por las consecuencias y los agravios que podían crearse con las otras guarderías roteñas, las que están concertadas con la Junta y la que no lo está.

Tras un largo debate, en el que RRUU llegó a sugerir la retirada de la enmienda, y varios minutos de receso todos los grupos llegaron al acuerdo de aceptar la enmienda del Partido Popular y añadir a la propuesta presentada por el equipo de gobierno el texto “siempre y cuando la disponibilidad presupuestaria lo permita” para dar a entender que el gobierno municipal bonificará todas las plazas que presupuestariamente pueda. Todos los grupos se comprometieron para que en el debate del presupuesto municipal del próximo año 2016, una vez adjudicada la guardería y con más información, estudiar si se pueden bonificar todas las plazas o sólo una parte de ellas.

Al margen de este punto también se aprobaba, con la única abstención de Sí se Puede por falta de información, una propuesta del alcalde para ampliar los plazos de urbanización, en seis años más, del sector de suelo SUNP-R2 que, debido a la crisis económica de los últimos años no se han podido cumplir, proponiendo también una nueva división por fases de construcción. Un punto que ya se aprobó en abril de este año, pero que volvía a traerse con todos los informes favorables y cumpliendo con la normativa de la Junta de Andalucía. En este punto el portavoz de Roteños Unidos, Lorenzo Sánchez Alonso, se ausentó por entender que al estar imputado por los convenios urbanísticos de este sector, su presencia y votación de este punto podía afectar a su posterior legalidad si hay algún tipo de recurso.

Los otros dos puntos restantes se aprobaron por unanimidad de todos los grupos. Por un lado, la propuesta de la delegada de Hacienda para  la disolución del Organismo Autónomo de Recaudación y la derogación de sus estatutos. Y por otro, la aprobación de un expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito por una cantidad de 212.071 euros, que irán a parar en su mayor parte a pagar lo que se debe por el canon del trasvase Guadiaro-Majaceite, y a la Entidad Urbanística de Conservación de Costa Ballena.